Por BORREGO
La conseja popular suele afirmar sabiamente que no hay plazo que no se cumpla. A unos meses de que concluya el periodo para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, la Procuraduría General de la República trabaja a marchas forzadas para llegar a la otra orilla.
Y es que, en 2008, el Congreso de la Unión reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar un cambio de fondo al procedimiento penal y estableció un horizonte de ocho años para su implementación, muchos entonces se quejaron, advirtiendo que era demasiado tiempo.
Más de siete años después, el tiempo se acabó. Termina este 2015 para muchos con el ánimo decaído porque en el imaginario colectivo se percibe corrupción, abuso de poder y, sobre todo, impunidad de la clase política.
Estos fantasmas que vagan por el escenario nacional han erosionado gravemente la confianza de la gente en las instituciones públicas hasta el punto de degradar la política y lo público, mientras la inseguridad sigue dañando a las familias y la impunidad empodera a los delincuentes y debilita a la autoridad encargada del orden.
Mientras esto ocurre, en el escenario del próximo año aparecerá el Nuevo Sistema de Justicia Penal como la transformación política más importante en la historia de nuestro país, que implica retos y oportunidades, con un cambio cultural para garantizar su buen funcionamiento.
El próximo año, 18 de junio para ser exactos, tendrá que estar funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, con juicios orales, nuevas reglas para la obtención y desahogo de pruebas, mayores exigencias para la policía y el Ministerio Público, y con enormes desafíos para los abogados.
Considerada una de las reformas más ambiciosas de los años recientes a nuestro sistema jurídico. Su origen se encuentra en el profundo fracaso del sistema penal mexicano y sólo para documentarlo van algunas cifras: 93% de los delitos ni siquiera son denunciados; de las denuncias que llegan al Ministerio Público, en la mitad de los casos no se hace nada; la investigación de los delitos se basa con frecuencia en pruebas prefabricadas o en testigos aleccionados; los jueces no están en las audiencias; las cárceles están controladas por grupos mafiosos y su funcionamiento se basa en la corrupción.
Todo esto es lo que propicia que se busque un profundo cambio al sistema de justicia penal y 2016 es la fecha para hacerlo, sin embargo, el problema es que se va a llegar al plazo constitucional sin que se haya terminado la tarea, debido a que todavía existen enormes debilidades institucionales.
La más importante tiene que ver con la policía porque muchos de sus efectivos no han sido capacitados para asegurar debidamente la escena de los hechos y recabar indicios que puedan ser útiles como material probatorio dentro de un procedimiento penal.
Además, la falta de equipo técnico-científico, los bajos sueldos y la ausencia de incentivos para la profesionalización son obstáculos que han ido retrasando la formación de cuerpos policiacos de élite que estén listos para el nuevo procedimiento, lo cual resulta fundamental porque no se trata sólo de detener a los presuntos responsables de haber cometido un delito, sino que hay que llevarlos ante un juez y aportar los elementos para que puedan dictarles una sentencia condenatoria.
Todo empieza desde el momento en que la policía llega a la escena de los hechos. Si en ese momento los efectivos de seguridad no saben qué deben hacer, es probable que se pierdan pruebas y la escena sea contaminada por ellos mismos.
Para que funcione la reforma penal, otro problema que debe ser atendido, tiene que ver con la investigación de los delitos, lo cual corresponde al Ministerio Público, una institución que necesita ser fortalecida en sus capacidades institucionales, principalmente, en algunas entidades federativas.
En los últimos años, la institución encargada de investigar los delitos ha sido claramente rebasada por la falta de preparación de sus integrantes, las enormes cargas de trabajo que deben soportar, la corrupción que se ha infiltrado en el trámite de las carpetas de investigación y otros factores que presagian sombras sobre el nuevo procedimiento penal.
Otro factor urgente de atender es el de las cárceles, en virtud de que el sistema penitenciario no funciona no sólo por el fracaso del modelo de máxima seguridad, evidenciado por la fuga del Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sino por el funcionamiento cotidiano de las más de 350 cárceles a nivel nacional.
Y el sistema carcelario no funciona porque, según estadísticas oficiales, uno de cada tres internos volverá a delinquir una vez que cumplan su sanción.
Así las cosas, los retos para el 2016 son muchos en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el objetivo principal es el de privilegiar la protección de los derechos de las víctimas, debido a que los juicios serán más transparentes y públicos.