El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados solicitó al Gobierno federal y a los gobiernos estatales que, en un acto humanitario, implementen mecanismos de beneficios preliberacionales a los presos que pertenezcan a la población vulnerable y que no estén recluidos por la comisión de delitos graves como violaciones, secuestros, trata de personas, homicidio doloso, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, entre otros.
Ante la emergencia sanitaria que se vive en el país, causada por la pandemia del Covid-19, y a fin de evitar que la población vulnerable de los reclusorios pueda contagiarse de la enfermedad, los diputados Mariana Rodríguez y René Juárez, solicitaron a los gobiernos Federal y estatales a que, a través de la figuras legales ya existentes, se pueda excarcelar a adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres en reclusión con niños menores de 3 años y personas portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal.
En coordinación con el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales, se puede determinar a la población beneficiada por la preliberación, y no es necesaria la emisión de una ley de amnistía, enfatizaron los diputados priistas, ya que los poderes ejecutivos Federal y estatales cuentan con las facultades para emitir un decreto ejecutivo o el indulto, para dar un beneficio humanitario a la población más vulnerable de los centros de reclusión y disminuir así la proliferación del coronavirus.
Incluso, señalaron, la Ley de Amnistía aprobada por el Senado de la República, el perdón que prevé, no atiende a la condición de vulnerabilidad de la persona, sino alude únicamente al reconocimiento de una inocencia hacia una persona que es inculpada de algún delito, lo cual no corresponde a la figura jurídica que se requiere para salvaguardar la salud y la integridad de los reclusos.