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Al presentar la cuenta correspondiente al tercer año de gobierno del Presidente Enrique peña, el probable daño a la Hacienda Pública, asciende a 165 mil millones de pesos, adelanto el titular de la Auditoria Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

En lo que fue su última presentación de las auditorias hechas a los gastos de los recursos económicos que se otorgan a todos los entes que reciben dinero público federal para la realización de obras y servicios en sus tres niveles de gobiernos, así como entes paraestatales y autónomos, Portal Martínez, explico, las anomalías encontradas en este ejercicio presupuestal.

De los 165 mil millones de pesos, 100 mil son del Gobierno de la República, los 65 mil millones restantes de estados y municipios.

Además expresó su preocupación por la recurrencia en contrataciones públicas sin licitación, mismas que generan desviaciones por tres mil 400 millones de pesos.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que el abuso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, implica asignar montos entre entidades del sector público sin licitación y propuso modificar el artículo primero de esa norma.

Portal Martínez aclaró que si bien esas contrataciones públicas “están legalmente permitidas por la ley, es algo de lo que se está abusando, lo que ha permitido desviaciones, cuya suma es preocupante”.

El funcionario señaló que se llevan contabilizadas desviaciones por “más de tres mil 400 millones de pesos”, sin especificar en qué periodo se detectaron esos recursos.

El titular de la ASF dijo que las dependencias federales que más incurren en ese abuso, son las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

También, “la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el pasado reciente”, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hoy Secretaría de Cultura.

Explicó que, en ocasiones, “esas adquisiciones sin licitación… van a parar a manos de terceros”.

Como ejemplo, comentó que “se contrata a una universidad para construir un edificio, pero como ésta no lo puede hacer, entonces lo subcontrata con un tercero y éste con otro”, lo que acaba provocando “una desviación de recursos”.

El funcionario insistió en que para evitar esas conductas, se requiriere “reformar la ley de Adquisiciones” Arrendamientos y Servicios del Sector Público.