Por Miguel Gaytán y Cecilia Hernández
Diputados federales se pronuncian porque, de estar vinculado con la delincuencia organizada en ilícitos como el tráfico de uranio, el empresario de origen argentino Carlos Ahumada responda ante la Ley y las instituciones.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, consideró que el controvertido empresario tiene, al parecer, una largo y oscuro historial que alcanza ahora niveles insospechados como el presunto tráfico de uranio, material radiactivo expresamente reservado para el manejo del gobierno de la República, por lo que debe ser citado a comparecer.
“Es gravísimo el señalamiento, este no debiera quedar solamente como algo que se registro allí en una declaración ministerial y tiene que llamársele a declarar, yo creo que sería absolutamente necesario que la PGR a través de la SEIDO actué mandando una orden de presentación, si es que todavía anda por Argentina el señor”, subrayó.
Cabe señalar que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, ha citado en declaraciones ante el Ministerio Público Federal presuntos nexos de la referida organización criminal con alcaldes de Guerrero así como negocios ilícitos con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, específicamente en el tráfico de uranio.
Por su parte y entrevistado por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Cesar Camacho Quiroz, advirtió que la consigna sigue siendo evitar la impunidad más allá de status socioeconómico o filiaciones partidistas.
“Creo que sigue siendo la consigna evitar la impunidad: si alguien la hace, que ese alguien la pague, independientemente de posiciones políticas, de actividades empresariales, a efecto de que el Estado de Derecho, que por momentos parece deficitario, sea una característica de este país”, enfatizó.
Cuestionado sobre esta forma de operar de algunos empresarios como vía para la protección de sus intereses, el legislador priista refrendó que el combate a la impunidad no debe hacer consideraciones de ninguna otra índole más que la aplicación efectiva del derecho.
“Creo que la investigación y posterior fincamiento de responsabilidades no debe tener miramientos, si son gente vinculada al mundo empresarial o al mundo político o a la propia delincuencia organizada, lo que tiene que haber es un trato parejo por la ley y por las instituciones”, enfatizó.