Adriana Noriega R.- Lo anterior lo informó, el secretario de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Omar Ortega Álvarez, quien abundo que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordó la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político.
Además, su instalación el 17 de marzo próximo, a fin de dar trámite a los 320 expedientes que están pendientes de resolver desde la LIX Legislatura.
A través de un comunicado, el diputado federal detalló que el 26 de febrero pasado, la JUCOPO efectuó una reunión en la que se aprobó la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político, como uno de los asuntos prioritarios y de consenso para este segundo período ordinario de sesiones.
Apuntó que la importancia de ese acuerdo es que la Cámara de Diputados cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales y desahogue cuanto antes los expedientes de juicio político que la Cámara de Diputados tiene pendientes de resolver.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro ha señalado que la Secretaría General cuenta con 320 expedientes originales de juicios políticos que están pendientes de resolver.
Indicó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha señalado que los expedientes aún no se han remitido a las comisiones de Justicia y Gobernación porque se encuentran a la espera de la instalación de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político.
Es importante señalar las diferencias entre el juicio político y el juicio de declaración de procedencia o desafuero de un servidor público, aunque ambos procedimientos deben solicitarse y presentarse como primer paso ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, excepto en el caso del presidente de la República.
En el juicio político intervienen ambas cámaras del Poder Legislativo, Diputados y Senado, pero en la declaración de procedencia o desafuero sólo la Cámara de Diputados, excepto que se tratara del presidente de la República, pues el juicio se llevaría a cabo en el Senado.
El juicio político sólo aplica para los altos funcionarios, excepto para el presidente de la República, y se trata de fincar una responsabilidad política, mientras que en el juicio de declaración de procedencia es para comprobar una responsabilidad penal.
Los efectos del juicio político son la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
En el caso del juicio de declaración de procedencia es para separarlo de su cargo en tanto es sujeto a proceso penal, pero si se declara inocente podrá asumir sus funciones de nuevo.
Las causales para el juicio político son actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Subrayó, que la declaración de procedencia se debe a la comisión de un delito claramente especificado o especificados en la legislación penal.
Sobre este mismo tema, la líder de MORENA, Rocio Nalhe informó que su bancada ya ingresó la solicitud de Juicio Político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa.
Precisó la legisladora, que se entregaron seis cajas a la secretaria general de la Cámara de Diputados, mismas que contienen la documentación y pruebas que presentan los legisladores veracruzanos como son las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la federación (ASF).
Entre los cargos que se le acusan son crímenes en contra de periodistas, feminicidios, desapariciones forzadas, deterioro de la vida pública, afectación financiera contra la Universidad Autónoma Veracruzana, infraestructura médica tanto en la cobertura como en sus instalaciones, mortalidad materna, alto índice de empobrecimiento, endeudamiento inexplicable, afectaciones al campo, la no inversión en infraestructura carretera, impunidad entre otros.
Nalhe rechazo los señalamientos de los priistas en torno a que se están utilizando los escándalos veracruzanos con tintes electorales.
Respecto a las mas de 300 solicitudes de juicio políticos donde no se ha instalado la sub comisión de revisión, dijo que será hasta el día 17 de marzo cuando se instale además la solicitud de que se comience con las solicitudes de esta legislatura.
Agregó que la ciudadanía veracruzana “ha venido demandando la salida del gobernador la ciudadanía que esta amedrentada no puede estar tranquila ni convivir en los espacios familiares, que se restituya la libre expresión sin que se criminalice ni estén en riesgo su vida”.
A su vez, Sergio René Barffuson, explicó que son varias pruebas donde se documenta las irregularidades que el gobierno de Duarte De Ochoa, destinaba a otros rubros los recursos federales.