La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tomado una decisión trascendente: cerrar las llamadas “escuelas o academias militarizadas” a partir del próximo ciclo escolar 2026-2027.
Ha solicitado a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México garantizar que, a partir del 31 de agosto de 2026, “ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad ‘Militarizada’, ‘Militar’, ‘Castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar”.
En los casos de detectar instituciones que operen bajo estos nombres o modalidades, se procederá a la clausura definitiva.
Bien por la decisión… aunque llega, como dice el refrán: “después del niño ahogado, tapan el pozo”.
Porque si ni la SEP ni la Defensa Nacional autorizaban su funcionamiento, ¿quién carajos permitió que operaran desde hace más de 80 años en más de la mitad del país?
Porque ahí están. A plena luz del día, no en la clandestinidad. Con páginas web, redes sociales y publicidad que ofrece “disciplinar” a los jóvenes que sus padres ya no pueden controlar. Cursos de verano incluidos.
Y llevan décadas haciéndolo.
Existe un Reglamento de 1943 para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar que, en teoría, pretendía regularlas, pero hasta ahora ninguna autoridad federal o estatal aclaró su vigencia.
Esa laguna legal, sumada a la ceguera institucional, la negligencia administrativa y, en el peor de los casos, a la corrupción, permitió su proliferación.
Reportes de medios nacionales refieren que actualmente hay entre 15 y 50 planteles de ese tipo distribuidos en 19 entidades. Con mayor concentración en Nuevo León (12), Tamaulipas (seis) y Guanajuato. En Puebla, desde 1938, ofrece sus servicios la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza que además imparte preescolar con el lema “Disciplina con Amor”. También será clausurada.
¿Y cómo funcionaban si no estaban autorizadas? La mayoría recurrió al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por secretarías de Educación estatales. Un permiso que valida matemáticas y español, pero que mágicamente también cubre marchas, rangos inventados y “ejercicios de disciplina” que ya han terminado en tragedia.
Es el truco clásico: autorizamos lo uno y hacemos la vista gorda con lo otro.
Y así han estado, año tras año. Hasta que un menor muere durante un supuesto entrenamiento o como consecuencia de “medidas disciplinarias”.
El caso de Dafne Zapata, de 13 años, no es un caso aislado. Murió por ahogamiento en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Hasta ahora han sido detenidas tres personas, incluido el director Jorge Luis Ponce Ortega, quien usaba un uniforme similar al de la Secretaría de Marina, sin pertenecer a esa institución.
En 2025, Erick Leonardo Torbellín, también de 13 años, murió durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Morelos. Tenía signos de violencia.
Antes, Zamir Pinto, de 16 años, falleció en el Colegio Militarizado Aztlán en el Estado de México, víctima de golpes.
Pero no se trata de “tapar el pozo” nada más, sino de someter a investigación a estas “escuelas”, así como a sus directivos y dueños porque existen más denuncias de abusos, violaciones, maltratos y “novatadas”, así como de usurpación de profesión, como ocurrió en Tamaulipas. ¿O van a quedar en la impunidad?
Cerrar las academias era indispensable. Pero cerrar las puertas no basta. Hay que abrir investigaciones judiciales. Porque cuando el Estado tolera durante décadas una ilegalidad, la responsabilidad no termina con un candado en la puerta.
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