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Número Cero/ EXCELSIOR

Los controles constitucionales de la Corte para contener al Presidente y al Congreso pasan también por conversaciones informales. Por canales palaciegos, a veces antes que en los espacios institucionales en los que se toman las decisiones políticas en democracia con “luces y taquígrafos”. Así puede leerse de la reunión privada de su presidente, Arturo Zaldívar, con López Obrador, cuando se espera que el máximo tribunal tenga que pronunciarse sobre la validez de la ley que prolonga dos años su mandato. La entrevista sirvió para que el Ejecutivo reiterara que el ministro es imprescindible para la nueva reforma judicial y limpiar de corrupción, mientras el principal beneficiario de ella optó por dejarse ver en Palacio Nacional, pero hacer mutis sobre su contenido.

Por supuesto que el trabajo coordinado entre poderes es normal, sin menoscabo de su independencia. Pero llama la atención publicitar un encuentro privado después del sigilo de Zaldívar ante la aprobación de la reforma y su extremo cuidado para no prestarse a “satisfacer sed de sangre ni confrontación”. Ahora acude a la oficina presidencial como si se tratara de tomar un café cuando la ley aún no se publica ni es clara su posición sobre ella, pero que dará lugar a una acción de inconstitucionalidad. Es decir, en medio del debate público sobre sus implicaciones sobre la autonomía del Poder Judicial y bajo la sospecha de someterse al Presidente con una postura de neutralidad que lo excuse de la controversia, que finalmente estará en manos de la Corte decidir como máximo tribunal de control constitucional.

La reforma, aprobada en el Congreso con la mayoría de Morena, ha sido ampliamente denunciada como un quebranto a la separación de poderes, indispensable para la democracia. A lo largo del proceso legislativo, Zaldívar cargo con las críticas del silencio, que se interpreta como anuencia tácita a la voluntad presidencial, que desea mantenerlo en el cargo hasta el fin del sexenio y desbloquear su agenda política contenida por el Poder Judicial. Esa actitud del que calla otorga, que trató de rebatir para no interferir con otro poder, pero que incluso ha contribuido a ensombrecer la mayor reforma al Poder Judicial desde 1994.

El gobierno ha tenido a jueces y magistrados como blanco de ataques por obstaculizar sus obras más importantes y reformas, como la eléctrica o de hidrocarburos, a pesar de fallos obsecuentes ante impugnaciones, como la cancelación del NAIM o la consulta para juzgar a expresidentes. La urgencia para sacarla del Congreso, sin embargo, contrasta con la parsimonia para publicarla y dar lugar a la acción de inconstitucionalidad que preparan legisladores de oposición y algunos de Morena. En ese impasse, ¿para qué la reunión?

El primer escenario: transmitir al Presidente que la “ley Zaldívar” carece de votos suficientes, a pesar de que se requiere la negativa de 8 de 10 ministros para declarar la invalidez. Eso significa que al menos uno de los tres ministros propuestos por López Obrador iría en contra. Las miradas están puestas en la posibilidad de que Juan Luis González Alcántara defina como fiel de la balanza si mantiene el criterio que se le adjudica de haber rechazado la extensión de su mandato en el Tribunal de Justicia del DF cuando se intentó una reforma en la Corte, similar a la de ahora, para beneficiarlo.

Un segundo asunto que podría trabarla es que la extensión del mandato de Zaldívar exceda por un mes el plazo de su cargo como ministro, lo cual dejaría un vacío administrativo en la presidencia de la SCJN. Y una tercera pista son las dificultades de la oposición para alcanzar el tercio de diputados para la impugnación por las ausencias de legisladores en las campañas y sin suplentes en el cargo. El Presidente tiene un mes, hasta el 23 de mayo, para publicarla o regresar al Congreso.

La conducción de Zaldívar no ha ayudado a evitar el conflicto, por el contrario, aviva la polarización sobre el Poder Judicial, a pesar de que su misión es servir a la justicia para detener un abuso constitucional del Presidente o del Congreso. Para ello no necesita reuniones privadas, sino fijar postura clara en la plaza pública y en la Corte. Si Zaldívar ha promovido una reforma judicial contra la corrupción, justo sería que ahora trabajara abiertamente por evitar la captura de la Corte.