<< No se trata solamente de la fecha, entre los elementos que se contemplan están los costos y la capacidad de organización del INE
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó que se analiza la posibilidad de llevar a cabo un Periodo Extraordinario de Sesiones para cambiar la fecha de la elección de las personas juzgadoras, que actualmente está prevista para 2027, “pero se deben contemplar varios elementos, porque no se trata solamente de la fecha”.
Se trata de un asunto que ha sido comentado por los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por senadoras, senadores, diputadas y diputados, para que se pueda posponer la fecha de la elección del Poder Judicial, la cual está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el próximo año.
Dijo que se deben analizar varios elementos, pues no se trata solamente de la fecha, sino que es necesario contemplar la capacidad de organización, la logística que tiene que desarrollar el Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, los costos del proceso.
“Todas esas variables se están analizando”, por lo que de ser así el Periodo Extraordinario tendría que ser antes de los 90 días que marca la ley, antes del 8 de junio.
Nuestro horizonte, apuntó, es un posible Periodo Extraordinario, pero no hay que olvidar que el Consejo General del INE dará inicio a los procesos electorales en la segunda o tercera semana de septiembre, apuntó.
Respecto de la acusación de un Fiscal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador expresó que desde el gobierno de México y los integrantes del Senado mexicano se pide que se presenten pruebas, porque “nadie puede estar por encima de la ley, no puede haber impunidad, para nadie”.
Ignacio Mier refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que no venían pruebas consistentes en el documento enviado desde Estados Unidos, por lo que pidió el auxilio de la Fiscalía General de la República, conforme al marco mexicano, para que determinara si existían elementos de prueba fehacientes que le dieran cumplimiento a lo que establecen los convenios que tiene suscritos nuestro país.
Por otra parte, en el caso de Chihuahua, apuntó, hay que decirlo de manera clara: “se violó la Constitución, se atentó contra la Ley Nacional de Seguridad, se estableció algo que está señalado puntualmente en el Código Penal, en el 123, se violenta la soberanía, se permite la participación de agentes extranjeros en tareas que le corresponden exclusivamente a la nación, al Poder Ejecutivo Federal”.
No sólo se atenta contra la soberanía, sino que se considera una traición a la patria y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal, eso es lo que deberíamos estar discutiendo, puntualizó.