La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, recibió al titular de ese organismo fiscalizador, David Colmenares, quien entregó el segundo paquete de informes individuales correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2020, la segunda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese documento detectó irregularidades en la compra de vacunas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que se presume un probable daño a la Hacienda Pública por más de 66 millones de pesos, los cuales debe aclarar.
En el reporte abunda que el IMSS adquirió 2.73 millones de dosis, de las cuales 98.3% se entregaron en las fechas establecidas, y el resto no cumplió con los plazos previstos, que son 47,643 dosis, equivalentes a 119,578 pesos.
Por lo que el probable daño económico es porque no se aplicaron las penas convencionales por retraso en la entrega de las vacunas ni por contar con la carta compromiso de canje, lo que incumple con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los contratos U200361, U200363 y U200365.
Y por más de 6 millones de pesos por no contar con la documentación soporte de la aplicación de las penas convencionales determinadas por los administradores de los contratos números U19344, U200361 y U200365, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras.
Además, determinó la falta de documentación soporte de los pagos de las vacunas recibidas en los almacenes delegacionales del Instituto, como son: órdenes de remisión, altas en el SAI, notas de crédito, aplicación de penas y órdenes de reposición, respecto de los contratos revisados (U190344, U200361, U200363 y U200365).
Asimismo, David Colmenares, dijo que el órgano fiscalizador que encabeza hace “trabajo de inteligencia” para dar seguimiento a casos como los revelados en investigaciones periodísticas como las denominadas Panamá y Pandora Papers.
El segundo paquete de informes individuales correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2020 contiene 625 auditorías, de un total de mil 623 programadas para el 2020.
De las 625 revisiones entregadas, 143 corresponden a dependencias y entes federales; y la gran mayoría, 482, a estados y municipios, incluyendo la Ciudad de México y sus alcaldías.
Por primera vez, se revisó el gasto en universidades tecnológicas y politécnicas, y a colegios de bachilleres en las entidades, que recibieron recursos federales.
El auditor, destacó indicó que al revisar el uso de recursos públicos otorgados a las entidades y ayuntamientos, se detectó el uso de empresas “factureras” y “fantasma”, así como de mecanismos “sofisticados”, con el propósito de desviar recursos públicos en 2020.
Por tal motivo, se abrieron tres auditorías forenses al gasto federalizado, al contar con elementos que comprobarían daño a la hacienda pública por un uso irregular del erario y la probable comisión de delitos. El seguimiento está en curso, dijo.
Puntualizó que con la entrega de los informes de fiscalización, inicia el proceso de solventación o aclaración de observaciones hechas a los entes cuyo gasto se revisó. Éstos tendrán un mes para hacer las precisiones correspondientes, y la ASF, cuatro meses para revisar la información y determinar si se confirman o no las anomalías.
Finalmente, Colmenares, dijo que la institución a su cargo cuenta con mecanismos adecuados para realizar su labor, aún con ello, pidió a los legisladores darle más facultades y herramientas para mejorar la fiscalización y cumplir el propósito de revisar el uso del erario en tiempo real.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), señaló que la rendición de cuentas se constituye como un pilar fundamental para la vida democrática del país, pues tiene como finalidad que las dependencias y entidades públicas informen y justifiquen el uso los recursos públicos, así como los resultados alcanzados en beneficio de la población.
Mencionó que desde la Jucopo se tiene la certeza que el impulso de las reformas legales que permitan la evolución de la fiscalización superior son un tema relevante en la agenda de la LXV Legislatura, así como los medios y mecanismos necesarios para la labor que lleva a cabo la ASF.
Afirmó que los elementos de cada informe permitirán saber cómo y en qué se gastó el recurso público, así como los resultados que habrán de nutrir el ejercicio de la facultad de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. “Su revisión y análisis permitirán identificar áreas de mejora que puedan abordarse desde la perspectiva legislativa”
Del grupo parlamentario del PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta para defender a los entes autónomos y fiscalizadores de cada entidad federativa, en su autonomía, contribuir a la eficiencia del ejercicio del recuso y garantizar desde el ámbito legislativo la transparencia y la rendición de cuentas.
Afirmó que en el combate a la corrupción no dará un paso atrás, porque no solamente está en juego el Presupuesto federal, sino el bienestar de millones de habitantes y en la media en que se mejore el ejercicio del gasto público y se perfeccionen leyes que garanticen su uso correcto, se estará más cerca de lograr un desarrollo sostenido. “Este es el objetivo de la Auditoría porque con su trabajo imparcial y técnico contaremos con herramientas para tomar mejores decisiones”.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) afirmó que México necesita un equilibrio de fuerzas y soluciones a la vanguardia de los desafíos actuales, para lo cual se debe fortalecer al Poder Legislativo e ir contra decisiones centralizadas sobre todo en el tema de corrupción.
“Es tiempo de defender y garantizar que la ASF siga gozando de autonomía y no esté supeditada a la voluntad de nadie”, fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción para propiciar certidumbre, competitividad y transparencia de la actuación gubernamental, con sistemas eficaces de rendición de cuentas y sanciones que impidan la impunidad