• Sería órgano consultivo evaluador de la política hacendaria y sustituiría al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
Tras exhibir la incompetencia del actual Gobierno Federal para superar la crisis económica agudizada por la pandemia del Covid-19 y la insuficiencia del Congreso de la Unión para contribuir a ello, el GPPRD propuso la creación del Consejo Fiscal Mexicano (CFM) como “un órgano con autonomía técnica y de gestión de la Cámara de Diputados, a efectos de contar con una voz autorizada en los temas hacendarios desde el Poder Legislativo”.
Presentó una iniciativa para expedir la ley correspondiente –“Ley del Consejo Fiscal Mexicano”, así como para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
En el artículo primero de dicha iniciativa se presentan los 14 artículos y los cinco capítulos de este proyecto de nueva ley, mientras en el segundo y el tercero se detallan los cambios la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Orgánica del Congreso a fin de armonizar sus contenidos.
La nueva ley establece como objeto del CFM generar estudios “con evidencia robusta” sobre finanzas públicas, política fiscal, presupuesto y deuda pública, entre otros, a fin de nutrir y aprovisionar con información de calidad para las decisiones y las funciones del Poder Legislativo.
Sus opiniones -dice el artículo correspondiente- deberán privilegiar el crecimiento y desarrollo incluyente, sustentable y sostenible del país en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y para el corto y a mediano plazo.
Dicho Consejo estará integrado por cinco mexicanos expertos en las materias hacendaria, fiscal, presupuestal, de finanzas públicas o afines, quienes durarán en el cargo cuatro años con opción a otros cuatro más.
Se le faculta para evaluar y emitir opiniones sobre el paquete económico que cada año propone el gobierno, las asignaciones presupuestales que decida la Cámara de Diputados, las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias del Ejecutivo, las adecuaciones al gasto durante su ejercicio y el cumplimiento del presupuesto, los ingresos, las políticas fiscales y la sostenibilidad de la deuda.
También se le faculta para opinar sobre el impacto económico y presupuestario de las iniciativas presentadas por los legisladores y la viabilidad de las finanzas públicas, así como a verificar y evaluar el cumplimiento de la gestión y ejecución del presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.
Se le instruye asesorar a las comisiones de la Cámara cuando éstas requieran información en materia económica de parte de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y emitir el diagnóstico y opinión a la Cámara de Diputados sobre eventuales desviaciones en el cumplimiento de las metas económicas previstas en los Presupuestos Generales de Egresos y Leyes de Ingresos, así como proponer medidas de mitigación que abonen al mejor desempeño de las funciones de las y los diputados.
Deberá construir y elaborar supuestos macroeconómicos y presupuestarios, así como indicadores de desempeño de las Políticas Fiscales y Presupuestales, para lo cual y para las otras funciones podrá convocar a funcionarios del Gobierno Federal, Estatal o municipal, así como al Auditor Superior de la Federación o expertos independientes del sector privado para que le suministren información sobre asuntos relativos a las finanzas públicas.
El Consejo tendrá una Junta Consultiva integrada por siete miembros de la Administración Pública y los órganos autónomos encargados de la política monetaria, la información estadística, la evaluación de la política social y la fiscalización.
Tendrá también un Comité de Coordinación con el Congreso, integrado por legisladoras y legisladores, que será sometido a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, y un Secretario Técnico Ejecutivo, quien se encargará de las actividades operativas.
El Consejo, preferentemente, deberán observar la paridad de género entre sus integrantes, dice la iniciativa.
En los artículos transitorios de esta iniciativa se prevé que los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros actualmente adscritos al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados pasen a formar parte del Consejo, garantizado los derechos laborales, así como la antigüedad de los servidores públicos adscritos al mismo.
En su argumentación, el GPPRD señala que si bien la crisis ya era evidente en 2019, ésta se agudizó por la incompetencia del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia del Covid-19, lo cual se reflejó en cierre de empresas, desempleo y desplome del PIB, exportaciones, ingresos e inversión públicos en salud, educación e infraestructura física, así como en mayor devaluación y deuda pública.
Para evaluar y opinar en todos estos temas -dijo- se requiere un órgano técnico altamente especializado como el Consejo Fiscal Mexicano, cuya creación deberían privilegiar todos los Grupos Parlamentarios, ya que el Gobierno Federal se niega a rectificar sus erráticas políticas económicas.