Tras reconocer que “no tiene facultades legales para obligar a los legisladores a usar el cubrebocas”, Dulce Maria Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro dijo que se van a revisar los procedimientos de sanidad para las sesiones en el Pleno, esto tras el incremento de contagios por COVID-19 en los diputados federales.
A través de una conferencia virtual, la legisladora del PRI, dijo que el manejo de las 20 sesiones celebradas en San Lázaro, durante el actual periodo ordinario, han resultado complejas y problemáticas porque los protocolos de sana distancia y uso de cubrebocas no se han respetado en el salón de plenos, y para encontrar una solución que aminore los contagios será necesario revisar los procedimientos que se habían implementado desde el pasado mes de septiembre.
Entre ellas, las sesiones virtuales y la presencia de 129 diputados en el salón de Plenos.
“Desafortunadamente en el marco de una situación sanitaria sumamente delicada y complicada, y esto, también nos lleva a que tengamos que acelerar los protocolos, que, por ciento, se dieron desde que inició el periodo de sesiones. Esos famosos 129 que el propio Acuerdo dice que en caso de que una votación económica se complique, son los que están autorizados para poder votar por lista; incluso el Acuerdo – 8 de septiembre, describe cómo votar, no es el tablero electrónico, es la lista famosa… Y me dicen, lo han visto ustedes desde allá abajo: “haga valer el Reglamento” yo digo haber, a parte de los exhortos a la responsabilidad individual y del propio grupo parlamentario para tener el número convenido y aprobado por la Asamblea, desde la Presidencia no se puede hacer más, yo no puedo ordenar el desalojo de los diputados”, señaló.
Sobre el número de pruebas y costo de estas, dijo “se han realizado, al martes pasado, 10 mil 267 pruebas Covid en la Cámara de Diputados. Recordemos que estas pruebas no son sólo para diputadas y diputados, sino para el personal de la Cámara. Vuelvo a señalar estas 10 mil pruebas, las primeras pruebas, tanto para las extraordinarias y la primera ordinaria, fue de mil 300 pesos por prueba, pero el precio bajó a 950 pesos a partir del primero de septiembre. El total estimado de las pruebas es de cinco mil 890, perdón, cinco millones 890 mil 950 pesos estimado a partir del primero de septiembre a 950, pero las primeras cuatro mil 66 pruebas, el costo unitario de mil 300, hay que restarle 700 pruebas que fueron donadas y se pagaron tres mil 366”.
La legisladora del PRI, afirmó que las pruebas COVID-19 están garantizadas hasta la sesión del 15 de diciembre, Al cuestionarle de dónde se pagan los exámenes, así respondió.
“¿De dónde sale el dinero? Fundamentalmente de los ahorros que la suspensión de actividades en la Cámara registró en todo este periodo. Estamos hablando de ahorros desde luz, agua, en general los servicios de la Cámara, el hecho de que los bonos de productividad y asistencia de los trabajadores y empleados tampoco han estado erogándose y de ahí se ha utilizado estos recursos para poder enfrentar esta situación.
Luego de esto, destacó “las pruebas en la Cámara son una necesidad porque requerimos, en la medida de los posible, garantizar la salud, no solamente de las y los diputados, sino del entorno en el que se desarrolla el trabajo, también de los trabajadores y empleados de la Cámara, entonces vamos a seguir haciéndolas cada semana”, y llamó a sus compañeros de legislatura ceñirse a lo acordado y cumplir los protocolos de sanidad.
“Vuelvo nuevamente a la cuestión, yo no puedo obligar a nadie a quitárselo, entonces esta es una situación en donde se apela a la responsabilidad individual”, apuntó.