En menos de tres horas, la reforma y adiciones a la Ley Minera -propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio-, y sin la presencia del PRI, PAN y PRD fue aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados.
Con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones, se avaló la iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo Federal, este domingo 17 de abril, a la cual se le dispensaron los trámites.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, señaló que el documento declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio.
Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México. Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por la nación, a través del organismo público señalado en el artículo 10 de la Ley.
Menciona que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado encargado de la explotación del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio, y en la explotación del litio y de sus cadenas de valor será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
La exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo público.
Además, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a este ordenamiento. Además, el Ejecutivo Federal, dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, emitirá, conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el instrumento de creación del organismo público descentralizado.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, incluyendo la creación del organismo señalado en el párrafo anterior, se cubrirán mediante movimientos compensados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, con cargo al presupuesto de la dependencia que asuma las funciones de coordinación sectorial del citado organismo de acuerdo con el decreto de creación, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del ramo correspondiente para el presente ejercicio fiscal para estos efectos.
La Ley Minera expedida en 1992, añade, estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones, sin que importaran los derechos del pueblo de México. Ha sido modificada por sendas reformas.
Considera que es momento de parar ese despojo a la nación y poner las riquezas del subsuelo al servicio del pueblo de México. Tal es el caso del litio y de otros minerales que, conforme vaya evolucionando la ciencia y la tecnología, adquieran carácter estratégico para el desarrollo del país.
Por la salida de los legisladores de la alianza Va por México, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, dijo que la oposición demuestra que lo único que les interesa es el bienestar de los privados y los intereses económicos como sucedió cuando votaron en contra de la reforma eléctrica.
Señaló que no se debe ser inocente ante la postura que han mostrado desde el día que se opusieron a que quedara en la Constitución garantizada la soberanía energética.
“Están protegiendo intereses económicos. No quieren la nacionalización del litio por lo que significa en términos monetarios, lo que significa en términos de riqueza económica y eso tiene que ser patrimonio nacional”, sostuvo.
Sin lugar a dudas, enfatizó, son vendepatrias “y vendepatria está constitucionalmente establecido en nuestro código, es aquel que antepone intereses personales, privados, de negocios, sobre el interés de la nación y sobre el interés general”.
Tras la aprobación se envió al Senado para su discusión, donde se espera que también sea avalada en breve, ya que Morena y aliados tienen la mayoría de los votos.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, en el Senado, señaló que no se le dará fastrack, pero si garantizó que se apruebe sin necesidad de parlamentos abiertos.