Doce agrupaciones y decenas de expertos y activistas pusieron en duda que el ex diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar.
«Resulta inquietante que la única propuesta conocida de Escobar en materia de combate a la inseguridad haya sido, en 2008, la de establecer la pena de muerte para perpetradores del delito de secuestro. Iniciativas como ésta no solamente reflejan un tratamiento superficial del tema, sino que ponen en duda que sus promotores consideren como prioridad la atención de las causas y facilitadores del delito y la violencia.
En pocas palabras, el perfil del autor de dicha propuesta resulta claramente incompatible con el del titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana», coinciden en señalar.
Expertos y agrupaciones urgieron al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, «a que empeñe sus esfuerzos en consolidar un equipo de trabajo a la altura del problema de inseguridad y violencia que afecta profundamente a varias regiones del país… Si el nombramiento está en firme, consideramos necesario un mecanismo de supervisión externa que vigile que la Subsecretaría no se desvíe de las premisas que deben guiar estos esfuerzos y que atienda los problemas y cuestionamientos que aún están pendientes en esta materia», expresan en conjunto.
Escobar, quien en opinión de los inconformes «carece de los conocimientos necesarios» para ocupar la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana» y el que en el pasado, haya promovido iniciativas de corte «meramente punitivo» en materia de seguridad, «es altamente preocupante para la sociedad». Por otro lado, alertaron, «las reiteradas violaciones a la legislación electoral por parte del partido al que pertenece Escobar manda una pésima señal, dado que la Subsecretaría en cuestión tiene entre sus objetivos promover la cultura de la legalidad».
«Para reducir la violencia en nuestro país, es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último», advirtieron agrupaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; INCIDE Social y el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otras.
Es importante recordar que la política federal de prevención verá en 2016 una reducción importante de su presupuesto, lo que exige tomar decisiones precisas, basadas en el conocimiento de esta compleja tarea. Acciones erradas por parte de la Subsecretaría pueden tener un alto costo en términos no solamente del uso adecuado de los recursos públicos para prevenir el delito, sino también en la mermada confianza en las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad, concluyen.
AGENCIAS, LINEA POLITICA, 10-09-15.