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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El asedio contra la prensa en México no es sólo una tragedia que lamentar, como suelen decir las autoridades, sino un problema que debía avergonzar al país. En lo que va de 2022, la cantidad de periodistas asesinados está cerca de los que, hasta ahora, ha dejado la guerra en Ucrania entre quienes cubren información en zonas de hostilidad. La libertad de expresión es de los indicadores más certeros del estado de la democracia.

Las amenazas a la prensa, la confrontación y el acoso hacia los medios de poderes formales e informales son conflictos graves que atraviesan a nuestra democracia. Su presencia creciente indica que no se trata de casos aislados o localizados regionalmente, sino un problema estructural que debe preocupar a todos porque en la violencia sucumben todos los derechos y se abre una puerta a la seducción del autoritarismo. Habernos convertido en uno de los países más mortíferos para la prensa ha corrido paralelo a la pérdida de la paz y la confrontación con la prensa, aunque no tengamos una guerra abierta.

La crudeza del salvajismo que viven los periodistas, sin embargo, puede compararse ya con la que enfrentan en zonas en guerra, como escribía un corresponsal desde Ucrania tras conocerse las últimas víctimas en Veracruz, las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera. Después de otro asesinato apenas la semana anterior, de Luis Enrique Ramírez Ramos, en Sinaloa. Once periodistas en total este año, muy cerca de los 14 que han muerto en Ucrania mientras realizaban su trabajo y excluyendo los que entraron en el ejército.

Ante esa realidad, la respuesta de las autoridades tiene cada vez menos fuerza disuasiva porque las expresiones de “condena” y “preocupación” significan nada para más del 90% de los asesinatos. La violencia e impunidad que cruza transversalmente esta tragedia es, sin duda, heredada de gobiernos anteriores, pero ahora al actual le cuesta cada día más trabajo explicar el correlato entre el aumento de ataques a la prensa y la estigmatización de periodistas en el discurso presidencial.

La administración de López Obrador marca el momento más violento para la prensa respecto al mismo periodo del sexenio de Calderón y de Peña Nieto.

La persistencia de la violencia ya por tercer sexenio consecutivo demuestra que es un tema estructural, aunque agravado por las nuevas marcas del hierro candente de las conferencias mañaneras, que infama, les quita honra y estimación a los periodistas frente a la sociedad. La polarización desde el poder los somete diariamente a mensajes simples y radicales, pero que son más atractivos que las omisiones del Estado para protegerlos. Según el último informe de Digital News Report del Reuters Institute, la polarización ha tenido un impacto negativo en las noticias, con una caída de 11% en la credibilidad de los mexicanos en el último año.

Además, hay informes, como el más reciente de Artículo 19 sobre la libertad de expresión, que sostiene que en los últimos dos años se consolidó una tendencia a negar o invisibilizar la crisis de derechos humanos que vive el país en el discurso político. Nada más lejano para la solución de un problema, que empieza por nombrarlo. Pero, aunque así fuese, la presión sobre las autoridades es fuerte desde organismos internacionales, la ONU, organizaciones civiles y otros gobiernos, como el de EU o el Parlamento Europeo, que también encuentran en el tema una cuña para ajustar cuentas y reclamarle a México garantizar estos derechos. Todos piden respuestas urgentes para contener la violencia, que generalmente es el anuncio de un informe y la apertura de una investigación que casi nunca logra identificar responsables y sortear la impunidad.

El Presidente acusa intromisión en los señalamientos externos, pero no deja de ver rendimientos políticos en la polarización política y confrontación hacia la prensa en su discurso y redes sociales. Hay por ello un discurso de doble rasero hacia los periodistas, por un lado vapuleados al calor del enfrentamiento político y, por el otro, por la violencia que los acorrala.

Aunque nunca considerados simplemente como sujetos de derechos a los que autoridades y justicia les quedan a deber mucho por vivir en permanente peligro e indefensión. Por sus omisiones también están en deuda con la democracia, que comienza a ser parte de la misma crisis.