Con 474 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas y adiciones a la Constitución para aplicar la extinción de dominio a los bienes de carácter patrimonial derivados de corrupción, robo de hidrocarburos, el llamado huichicoleo, trata de personas además de los previstos en la legislación vigente.
Durante la discusión y aprobación, los legisladores determinaron que el recurso de extinción de dominio también será procedente en casos “relacionados con las investigaciones de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo, remarcó que, como parte de la Estrategia de Seguridad Pública, la extinción de dominio es considerada la mejor herramienta para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado.
“Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada”, dijo.
Por el PRI, María Alemán Muñoz Castillo dijo que la extinción de dominio es un paso firme en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero y contra el crimen organizado en México.
“Hoy le decimos a los mexicanos que a través de la extinción de dominio el Estado mexicano podrá incautar bienes muebles e inmuebles derivados de actos de corrupción y actividades ilícitas, como el huachicoleo y otros delitos graves para regresarlos a las arcas públicas y utilizarlos en beneficio de los mexicanos”, subrayó.
Agregó que el gobierno tendrá herramientas verdaderas, eficaces, eficientes para retener los bienes cuya legítima procedencia no se pueda acreditar y estén relacionados con corrupción, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, entre otros.
Por su parte, el panista Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que están convencidos de aprobar el instrumento jurídico, sin embargo, consideran que los avances para hacer más ágil y eficiente la extinción de dominio retroceden con la minuta enviada por la colegisladora.
Indicó que a la fecha esa figura no ha funcionado como debería porque sólo ha sido aplicada para ciertos delitos y puntualizó que lo que se buscaba era convertir a este instrumento en autónomo y propone se regrese al punto de lo penal, no separándolo, aunque pidió que su postura no se tome como una oposición al instrumento sino como una aportación para que se perfeccione.
En tanto, el perredista, Javier Salinas Narváez, adelantó el voto a favor y sostuvo que la extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas.
El decreto prevé que la acción de extinción de dominio se ejercite por el Ministerio Público, pero a través de un procedimiento jurisdiccional de carácter civil y autónomo del proceso penal; asimismo, otorga al Congreso de la Unión facultades para expedir la legislación nacional única en la materia.
Destacar que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la reforma constitucional a las legislaturas de los estados para su análisis y ratificación en al menos 17 congresos estatales.