Número cero/ EXCELSIOR
Ayotzinapa marcó un antes y después en el modo de entender en el país toda clase de castigos físicos, tortura, tratos crueles e inhumanos. El caso Iguala representa gráficamente un momento en el que la violencia cambió de tendencia sin regreso desde hace siete años ni con otro gobierno. Pero la doble desaparición física y de la “mentira histórica” de los 43 estudiantes no ha servido para reducirla, al contrario, abrió carta de naturalización para que la corrupción e impunidad obtengan rendimientos crecientes hasta situarnos en las peores posiciones de la criminalidad en el mundo.
El gobierno heredó una crisis de derechos humanos, pero sus resultados para la pacificación son escasos como en los obtenidos para el esclarecer Ayotzinapa. Desde su llegada en 2018, los responsables de investigar ese emblemático crimen sabían del desafío para la paz y el respeto a los derechos humanos con instituciones que lucran con el delito. Hoy la realidad muestra que sin seguridad no podrá garantizarse el legado de la 4T –como preocupa al Presidente– ni evitar la expansión de la gobernanza criminal y multiplicación de las distintas formas de violencia. ¿Pueden hacer un balance de haber optado por reforzar viejas estructuras de fiscalías carcomidas por corrupción y abuso sin una reforma profunda y abandonar la idea de una gran comisión de la verdad como mecanismo ejemplar de justicia contra la impunidad ante la magnitud de la violencia?
Para el caso Iguala se creó una comisión, pero se entregó la investigación a la FGR, al igual que con el resto de los crímenes, sin una estrategia coherente. Su resultado es que la búsqueda de 90 mil desaparecidos, incluidos los de Ayotzinapa, deambula con una política de brazos cruzados, que es continuidad de la de “abrazos y no balazos”. No se detiene la influencia de la violencia en un país confrontado y donde su horizonte es administrar el desastre de la seguridad. La impunidad del caso Iguala es el mensaje a poderes institucionales y de facto para seguir con el performance de la violencia del que obtienen altos rendimientos. No sólo el crimen organizado que se deshace de sus víctimas en “campos de exterminio”, sino de la amplia gama de delitos del semáforo en “rojo” en el país como la extorsión, trata de personas, feminicidio y la violencia familiar.
Las caras de la violencia tienen muchas expresiones, pero una sola tendencia: subir. El registro de feminicidio alcanzó otro récord en agosto con un incremento de 57.3% respecto al mes anterior, según el sistema nacional de seguridad pública. Organizaciones internacionales nos colocan como líderes en trata de personas en Latinoamérica y el último Semáforo Delictivo señala que la extorsión se ubica como una de las prácticas más redituables con un aumento de 5% en el año, sólo por detrás de las ganancias del narcomenudeo con aumentos de 9% en 2021. En medio de ese mercado del delito, la violencia familiar se mantiene en “rojo” desde febrero pasado con incrementos de 20% en el año.
El amplio mercado del delito supera también los viejos arreglos de la “pax narca” que permitía contener la violencia con reglas territoriales. Casi la mitad del total de homicidios se abaten sobre los 50 municipios más golpeados por el crimen con nuevos recursos que escalan la violencia como el uso de paquetes bomba en Guanajuato o drones con explosivos en Michoacán.
Ayotzinapa es un punto de inflación de la violencia, que se expande con la multiplicación de más de 300 células locales armadas en el país. La invención de la Guardia Nacional para rescatar la credibilidad en la respuesta a la crisis de derechos humanos tampoco logra frenar la violencia, en cambio, abre el nuevo riesgo de querer garantizar la efectividad militar contra el crimen a costa de profundizar las violaciones.
El gobierno en su origen se debatía entre tomar métodos de la justicia transicional como las comisiones de la verdad fuera de las instituciones formales para salvar el escollo de la corrupción y pacificar el país, o reforzar el poder de las fiscalías para recuperar la Justicia. A la luz de la impunidad de Ayotzinapa y el escalamiento de la violencia, ¿seguirán pensando que la segunda fue la decisión correcta? Difícilmente habrá respuesta.e