Rocío Miranda Pérez, Presidenta Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, aseguró que en México sólo existen doce programas, a nivel federal, que atienden la problemática de la mujer en el país y de ellos tres están enfocados a la mujer rural, campesina e indígena, población que supera los 14.1 millones de habitantes, quienes están fuera del empoderamiento económico y productivo pues únicamente tres de cada 100 son empleadoras, de micro y pequeñas empresas.
Sostuvo que en 2015, las mujeres ocupadas en la zona rural del país sumaron más de tres millones, lo que representó 16% del total de población femenina ocupada a nivel nacional como lo reconoce el Instituto Nacional de la Mujer.
Afirmó que sólo Sagarpa, Sedesol y Secretaría de Economía, aplican programas focalizados para la mujer rural e indígena (Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora; Programa Oportunidades y Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales), sin embargo éstos no se escaparon del recorte presupuestal más reciente.
Por ello, advirtió, es urgente contar leyes federales y estatales que den empoderamiento constitucional a este sector a través de programas sociales lejanos a la transversalidad y sí unitarios para que, desde lo local, se concrete el desarrollo nacional en materia de producción de alimentos ya que la mujer es quien sostiene la soberanía alimentaria en las zonas más marginadas del país.
Las cifras demuestran que de las mujeres ocupadas en localidades rurales, 18.2% en lo hacen en las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, silvícola y/o caza y pesca); 24.5% son comerciantes; 18.7% trabajaban en la manufactura y 38.1% en servicios diversos.
Rocío Miranda Pérez, líder UFIC, lamentó que a unos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, del total de las mujeres rurales ocupadas, 17% no reciba ingresos por su trabajo; 31% hasta un salario mínimo; 28% entre 1 y 2 salarios mínimos y aproximadamente 20% gana más de 2 salarios mínimos.
En materia de salud, recordó que 35.4% de las mujeres rurales no cuentan con cobertura de servicios de salud frente; en educación, la proporción de mujeres analfabetas en las zonas rurales es 3 veces mayor que en las zonas urbanas; mientras que en empleo, la tasa de participación económica de las mujeres rurales del país es de 31.3%.
La dirigente campesina, insistió en que a pesar de que se pregona la “democracia” y la “equidad de género”, la mujer rural e indígena ni siquiera aparece en las curules del Congreso de la Unión por lo que es momento de visualizar estadísticas y propuestas de solución para empoderar a este sector.
Miranda Pérez, se pronunció por que las reglas de operación de los programas destinados a mujeres se revisen y modificarse con la finalidad de asegurar el empoderamiento económico de la población femenina.
La líder campesina consideró que la existencia de tres programas dirigidos estrictamente a la mujer en Sagarpa con Promete; Sedesol con Prospera y Secretaría de Economía con Fommur Fommur, son insuficientes ya que mientras no haya políticas públicas para las mujeres más vulnerables que se ubican en este sector así como en las zonas conurbadas más pobres del país, no habrá avances de crecimiento económico y productivo.
Indicó que en lo general, no hay programas, políticas públicas o recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinados ex profeso para la generación de empleo, educación, salud y alimentación de estos sectores vulnerables.
Ello, continuó, no permite hablar del empoderamiento de la mujer ya que en México sólo existen doce programas a nivel federal que atienden la problemática de la mujer.
De ahí que, dijo, tenemos que pensar en el empoderamiento económico y político para que sean mujeres quienes les pongan presupuesto a los programas de las políticas públicas y este sector poblacional pueda llegar al desarrollo.
Recordó que de acuerdo a datos expuestos por el Coneval, en 2014, 61.1% de la población rural del país vivía en situación de pobreza, frente a 41.7% de la urbana.
Además, 20.6% de los habitantes del campo vivía en pobreza extrema, mientras que esta situación sólo afectaba a 6.2% de los residentes de áreas urbanas; 92.8% de la población rural tenía al menos una carencia social y 46% enfrentaba tres carencias sociales, en tanto que en las zonas urbanas la población que iguales circunstancias fue de 66.3% y 14.9%, respectivamente
Por lo que se refiere a la realidad de la mujer rural a nivel América Latina y el Caribe, recordó que de acuerdo a datos del Banco Mundial y de la FAO, alrededor de 58 millones de mujeres viven en las zonas rurales; 17 millones forman parte de la población económicamente activa y 4.5 millones son productoras agropecuarias.
Asimismo, 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios, solo 30% de las mujeres rurales son propietarias de tierras agrícolas y únicamente 10% de las mujeres rurales tiene acceso a créditos y 5% a la asistencia técnica.