Ricardo Monreal Ávila, líder de los morenistas en San Lázaro, planteó reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para garantizar el derecho constitucional a la protección de datos personales de los consumidores y el derecho a la privacidad en servicios bancarios.
La iniciativa también propone regular las instituciones de tecnología financiera y la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Es decir, las instituciones financieras deberán informar de manera clara sobre el uso y tratamiento de datos financieros conductuales, “los cuales no podrán utilizarse para inducir a las personas usuarias a adoptar decisiones contrarias a sus intereses». Además. «el consentimiento deberá ser además especificado y otorgarse de manera separada respecto de otros tratamientos de datos personales”, indica.
Advirtió que “se considerará incumplida dicha obligación cuando se utilicen datos financieros conductuales para engañar, presionar o inducir a los usuarios a adoptar decisiones económicas que, mediante manipulación, engaño o presión indebida, afecten los derechos o el patrimonio de las personas usuarias”, indica.
Cuando se trate de datos personales y sensibles, se adiciona, “de datos financieros conductuales”, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca”.
En cuanto a los datos transaccionales, que son aquellos relacionados con el uso de un producto o servicio, incluyendo cuentas de depósito y créditos, “sólo podrán compartirse con la autorización expresa de éstos, la cual deberá ser libre, específica, informada, y revocable en cualquier momento”.
“Las entidades deberán garantizar que dichos datos puedan ser transferidos a otra institución financiera o proveedor autorizado, a solicitud del cliente, en formatos estructurados, interoperables y reutilizables que permitan la operatividad de los servicios financieros. Sin que puedan establecerse condiciones técnicas, contractuales o económicas que obstaculicen el ejercicio del derecho”, plantea.
El proyecto que será presentado, mañana miércoles, en la Comisión Política Permanente (CPP) subraya que “se considerarán prácticas contrarias a lo dispuesto en la ley, como aquellas que impliquen cargas desproporcionadas, asimetrías injustificadas entre contratación y cancelación o cualquier mecanismo que limite la libre elección del usuario. La infracción a este precepto será sancionada conforme a la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades en materia de la competencia económica”.
Monreal Ávila, apunta que las entidades financieras que operen productos y servicios a través de medios digitales deberán garantizar a las personas usuarias el acceso permanente, completo y gratuito a su información en formatos estructurados, interoperables y descargables. Y la transferencia de información a otras instituciones solamente se hará a solicitud expresa del usuario.