< PRI acudirá a instancias internacionales para impugnar las reformas que atenten contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, anuncia Dip. Moreira
< “No vamos a permitir que se imponga un régimen totalitario por la vía legislativa”, concluyó
Determina que la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social le corresponde al INEGI
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental, para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El documento, avalado en lo general con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 348 votos en pro, 132 en contra y cero abstenciones, en la primera sesión del período extraordinario, deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Con ello, se cumple con lo establecido en el decreto por el que se modifican disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica, por el cual se extingue el CONEVAL y reasigna sus funciones al INEGI, para mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Determina que la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, así como la emisión de recomendaciones corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el párrafo tercero del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política.
El Instituto llevará a cabo la actualización de los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza, procurando la homogeneidad y comparabilidad de la información. La actualización de los lineamientos y criterios técnicos deberá mejorar la medición y garantizar que los indicadores de mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio.
Además, el Instituto deberá establecer los lineamientos y criterios técnicos para las metodologías de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, pondrá a disposición del público la evaluación integral de dicha Política y el informe general sobre el resultado de dicha evaluación, a través del portal institucional y en términos de lo previsto en la legislación en materia de transparencia.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, subraya que el Instituto, en su carácter de evaluador de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza, se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.
Tendrá como atribuciones normar y coordinar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y medición de la pobreza, promover una estrecha comunicación con las personas responsables de los programas de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno, emitir los lineamientos y criterios técnicos para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y medición de la pobreza con base en indicadores objetivos y cuantificables.
Paralelamente, realizar estudios e investigaciones en materia de pobreza, someter a consulta las propuestas temáticas y metodológicas de evaluación integral de la Política de Desarrollo Social a los sectores público, social y privado, y analizar la procedencia de sus propuestas; celebrar los actos jurídicos necesarios con las autoridades de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, con organizaciones de los sectores social y privado, para promover y realizar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, además de establecer los mecanismos que permitan que los resultados de las evaluaciones sean comparables.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que, en el caso del Presupuesto de Egresos, las personas legisladoras de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tomarán en cuenta las evaluaciones que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INEGI en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, que las evaluaciones se harán conforme al programa anual que al efecto establezca la Secretaría de Bienestar.
Con ello, se precisa que la SHCP y el INEGI lleven a cabo la evaluación de programas en el ámbito de sus respectivas competencias, que Hacienda establezca el Programa Anual de Evaluación, es decir que ésta quede a cargo de la evaluación para el desempeño y se elimina la atribución a cargo del CONEVAL respecto de la evaluación de los programas sociales.
En tanto, la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) tiene la finalidad de armonizarla con la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y eliminar la referencia al CONEVAL.
En el régimen transitorio, precisa que a la entrada en vigor del decreto “se extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Bienestar, denominado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” (CONEVAL).
Expone que el CONEVAL transferirá los recursos presupuestarios, financieros y materiales, los inmuebles, derechos y obligaciones sobre dichos recursos al INEGI.
Además, el Consejo deberá entregar a la Secretaría de Hacienda la información necesaria para integrar la Cuenta Pública y demás informes correspondientes al primer trimestre del presente año, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Sobre este periodo extraordinario, el diputado Rubén Moreira Valdez advirtió que el periodo extraordinario convocado por la mayoría oficialista representa 10 días de ignominia en los que se pretende desmantelar las instituciones democráticas, militarizar la seguridad pública y consolidar un Estado autoritario.
“Lo que estamos viendo es una emboscada legislativa. Morena quiere destruir lo que a México le costó décadas construir: sus contrapesos, sus libertades y su democracia. Quiere construir un Estado policiaco, militar y totalitario” denunció en entrevista.
El legislador del PRI señaló que las reformas impulsadas por el Ejecutivo y avaladas por los morenistas y sus aliados no han sido discutidas ni dictaminadas con rigor, y que muchas de ellas ni siquiera han sido leídas por los propios legisladores oficialistas. “Están legislando al vapor, obedeciendo instrucciones directas de Palacio Nacional”, acusó.
Entre los temas más preocupantes, Moreira Valdez destacó la desaparición del Coneval, la militarización de la Guardia Nacional, la creación de un sistema de vigilancia masiva a través de telecomunicaciones y la posibilidad de que militares en activo participen en procesos electorales.
“Estamos ante un gobierno orwelliano, en lugar de combatir al crimen, van a perseguir a los ciudadanos”, advirtió.
El líder congresista también denunció que las reformas en materia de seguridad permitirán al Ejército acceder a datos biométricos, médicos y administrativos de la población, lo que calificó como una violación flagrante a los derechos humanos, el espionaje hecho institución, sentenció.
Subrayó que la oposición no ha sido consultada ni incluida en la construcción de estas reformas, y que el proceso legislativo ha sido desaseado, opaco y autoritario. “No vamos a quedarnos callados. Sería un error no venir a decir lo que pensamos. La oposición existe y va a dar la batalla”, afirmó.
También cuestionó la legitimidad de la futura integración de la Suprema Corte, al señalar que solo el 9 por ciento del electorado participó efectivamente en la reciente consulta, con altos niveles de votos nulos y recuadros vacíos.
Rubén Moreira anunció que el PRI acudirá a instancias internacionales para impugnar las reformas que atenten contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. “No vamos a permitir que se imponga un régimen totalitario por la vía legislativa”.