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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Detrás de tragedias como el accidente de un tráiler en Chiapas, en que murieron 55 migrantes, varios niños, generalmente no hay nada. Acaso un chofer que se da a la fuga para ocultarse en la invisibilidad de la cadena de complicidades de las diversas formas de explotación a las que son sometidas las víctimas por los responsables de crímenes y delitos como la trata de personas. Ni siquiera existe información de riesgo de la gente o comunidades más vulnerables a caer en manos de la delincuencia organizada, para evitar estos dramas humanos.

Ahora, “después de ahogado el niño, tapan el pozo”, varios países de Norte y Centroamérica pactan intercambiar información sobre redes de trata ante nuevos riesgos para otros 300 mil centroamericanos que podrían viajar pronto a EU. Sin duda, la migración y la trata están conectadas por la diversificación de negocios del crimen, pero no así las políticas nacionales, ni de la cooperación internacional. La política antiinmigración de EU ha convertido a México en un campo de detención de migrantes, en ausencia total tanto de estrategias nacionales como la colaboración internacional contra las mafias en ambos países y en Centroamérica. En México reina la descoordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales contra el secuestro y extorsión de migrantes.

Por “el peso de las personas, nos fuimos todos”, decía el testimonio de un sobreviviente del transporte en que viajaban más de 150 migrantes de diversas nacionalidades para llegar a EU. Todo suele quedar en estampas de víctimas en grave estado de indefensión, por lo que la mayoría de las investigaciones de accidentes vinculados a trata no se abren o se caen en las carpetas. A nadie realmente le importa vincular a proceso a alguien a causa de la muerte de personas criminalizadas desde que deciden huir del hambre e inseguridad como es el caso de quienes deciden viajar en las caravanas centroamericanas.

La nueva tragedia permite, eso sí, constatar que se agrava la crisis migratoria en México, aunque detrás de las violaciones a los derechos humanos, nunca aparecen las redes internacionales, autoridades de Migración, polleros que los trasladan o la Guardia Nacional que vigila. Todos los días, los migrantes se convierten en víctimas de uno de los delitos más complejos porque tragedias como ésta demuestran que todos son responsables y partícipes del negocio. Si no, cómo entender el libre desplazamiento de un tráiler equipado con huecos en el techo para traficar con migrantes hacinados, a pesar de los constantes retenes de la Guardia Nacional en la zona.

La invisibilidad es la marca del delito. La impunidad descansa en una política de migración que los criminaliza y en la inoperancia de la legislación para perseguir y sancionar la trata. Es decir, el peso del Estado recae en la persecución de migrantes para contener los flujos hacia EU y recibir a los deportados de ese país, conforme a programas insignia del expresidente Trump, que operan desde 2019 y que el gobierno mexicano aceptó reactivar, como Permanecer en México, hace apenas unos días. Mientras que el debilitamiento del Estado se hace evidente en la inacción contra el tráfico de personas y su abandono en regiones dominadas por el crimen organizado.

El contraste entre las cifras de detenciones de migrantes y por trata son ilustrativas de la distancia entre la esfera institucional y el crimen. Tan sólo en los primeros 10 meses de 2021, el gobierno mexicano se apuntó la cifra récord de 228 mil migrantes detenidos, la más alta en 20 años, para cumplir la exigencia de EU de parar los flujos hacia ese país. En comparación, las capturas por trata son insignificantes y evidencian por qué la migración no es como quisieran ambos gobiernos “ordenada y segura”. Entre 2015 y 2021 apenas alcanza 2 mil 131 casos, de los cuales sólo llegaron a sentencia 242 investigaciones, apenas 11% de los procesos.

El discurso presidencial también está desconectado de la problemática. Reclama a EU acelerar la ayuda a Centroamérica dentro de su diagnóstico sobre la inutilidad de cualquier política que no resuelva las causas estructurales de la migración como la pobreza. Pero sin respuestas internas a la corrupción detrás de la violación de derechos de migrantes y el combate a las mafias. La esfera institucional y la criminal también caminan por pistas diferentes y sin que los “abrazos” de la política de seguridad logren protección, al menos no a los migrantes.