La muerte en Chihuahua de dos agentes de Estados Unidos –que la prensa de ese país identifica como integrantes de la CIA- lanzó un trompo muy delicado e inquietante: personal extranjero se está colando por las ventanas de los estados en lugar de entrar por la puerta principal de la Federación, como marca la Ley de Seguridad Nacional.
No estamos solo ante un episodio trágico –en el que también perdieron la vida dos agentes mexicanos, el director regional de la Agencia Estatal de Investigación Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes-. Se advierte una infracción legal y un posible desorden institucional de los que el oficialismo no logra zafarse.
Tras el accidente mortal, se reportó que los agentes estadounidenses y mexicanos venían de un operativo para desmantelar narcolaboratorios en la sierra Tarahumara.
Al día siguiente el fiscal César Jáuregui Moreno cambió la versión: negó la participación de los estadounidenses en el operativo; que estaban a varios kilómetros de distancia; que nada más realizaron labores de capacitación en el vuelo de drones y que sólo pidieron un “aventón”.
La Ley sí permite la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, pero bajo condiciones estrictas: registro previo, supervisión federal y, sobre todo, sin participación en operaciones.
La solicitud de ingreso debe entrar por canales diplomáticos, entre gobiernos federales. Ni un gobernador, ni un fiscal estatal tienen facultad para autorizarlo por su cuenta.
Su actividad debe ser informada al gobierno federal. Pero esto no ocurrió, dijo la presidenta Sheinbaum, quien aseguró los agentes extranjeros “sí estaban trabajando conjuntamente” con autoridades de Chihuahua.
Y aquí aparece el escenario más inquietante: si agentes extranjeros pueden ingresar bajo el cómodo argumento de “capacitación” y terminar vinculados —directa o indirectamente— a despliegues operativos en campo, usando drones y regresando de zonas de narcolaboratorios, entonces la frontera entre cooperación e intervención se vuelve peligrosamente difusa. Más aún cuando esa presencia se articula desde lo local.
Porque lo que asoma en Chihuahua es una hipótesis que el gobierno federal no puede seguir matizando: autoridades estatales están facilitando o ampliando la actuación de agencias estadounidenses sin un control central claro.
Si la Presidencia de la República realmente no sabía, los agentes no entraron por la puerta principal… entraron por las ventanas de un estado gobernado por la oposición.
Lo ocurrido no es una simple irregularidad administrativa. Es un posible quiebre del marco legal de seguridad nacional que abre una grieta profunda, porque los agentes no estaban en un escritorio ni en un aula, estaban en campo, en zona de alto riesgo, en una operación contra el narco.
Ya veremos cómo gira este trompo y de qué lado cae la pirinola cuando la gobernadora Maru Campos se reúna con la presidenta Sheinbaum, a quien ya solicitó audiencia. Porque la peonza sigue dando vueltas… y esta vez trae muchas preguntas.
Una de ellas: ¿será que Trump, ante su insistencia de lanzar operativos terrestres contra los cárteles de la droga, está convenciendo a las o los gobernadores para que sus agentes ingresen a suelo mexicano?
X: @castroclemente
Foto: facebook.com/fiscaliachihuahua