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Tras pedir entender el enojo colectivo por los casos de Iguala y Tlatlaya, así como el riesgo de erosión de la legitimidad, el ombudsman nacional  Luis Raúl González Pérez, dijo sobre el asunto de los normalistas que se tiene que buscar la verdad de los hechos.

“Lo sucedido ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, y nos obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho. Debe señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo, las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, señaló ante los integrantes de la Comisión Permanente.

González Pérez insistió que los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en la sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones. Por lo que pidió “hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”.

El titular de la CNDH, dijo que aun cuando las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado, son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente. Los derechos y libertades no son absolutos, sus límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público.

“En este sentido nos hemos pronunciado porque las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que a su vez las reviste de mayor legitimidad. Reitero, no hay manera de recuperar la aparente normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anómala, estaba asentada, en buena medida, en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia  y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas. Revisemos autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones. No hay manera de recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad si no se dan ejemplos claros de coherencia y compromiso para tal efecto”.

Destacar que durante su informe anual de actividades solicitó “nadie debe caer ser en la tentación de la violencia. El diálogo el entendimiento y el respeto a la ley de en prevalecer como vías de solución de los conflictos”. Al tiempo que anunció que el próximo uno de febrero presentara ante la Comisión de desaparición forzada de la ONU  el caso de Iguala y otros más que existen en el país.