>> Afirma oposición venganza contra juzgadores
>> Establece la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces, por la ciudadanía
>> Determina que la remuneración de las personas servidoras públicas del Poder Judicial no podrá ser mayor a la del presidente
Después de un debate de más de seis horas, el dictamen se aprobó con 22 votos en favor de Morena y sus aliados y 17 en contra de la oposición el dictamen de la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante la cual se permitiría en 2025 la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, y reducir de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la reforma, se busca también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Las ministras y ministros de la SCJ N durarán en el cargo doce años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.
Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Los legisladores de la 4T de la Comisión de Puntos Constitucionales, insistió en que la reforma busca acabar con el nepotismo, la corrupción y el despilfarro en el PJF, y rechazaron que la iniciativa afecte los derechos de los trabajadores, quienes continúan en paro de actividades en protesta contra la iniciativa.
El petista, Reginaldo Sandoval reprochó que la SCJN tenga un presupuesto de más de 78 mil millones de pesos, con los cuales resuelve “menos de la mitad de los casos que resuelven los 32 tribunales de justicia” del país. “Es una Corte obesa y corrupta que sólo defiende a los que más tienen. Es la justicia del capital privado”.
La justicia, insistió el próximo coordinador de la bancada petista mientras se dirigía a panistas y priístas, “sirve al capital privado y a la justicia de ustedes”.
En voz del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Mendoza se lanzó contra la reforma “al final esta reforma es una vendetta, es una venganza contra el Poder Judicial y es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de 12 a 17 años de edad durante la peor gestión de la pandemia en el mundo…
“Es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de cáncer, ordenó que se surtieran medicamentos para el cáncer ante la pésima gestión de Morena en materia de salud. Es una venganza porque un juez federal ordenó la suspensión del tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar la destrucción de la selva y porque no se había escuchado a los pueblos indígenas…
“Es una venganza porque un juez federal ordenó la suspensión contra el traspaso de Afores al fondo de pensiones, porque Morena se está robando el dinero de los trabajadores. Es una reforma que constituye una venganza contra el Poder Judicial porque un juez le suspendió la reforma eléctrica”.
El diputado panista, Héctor Saúl Téllez acusó que el dictamen se aprobó de manera irracional y sin la debida valoración por parte de la mayoría legislativa “y todo en respuesta únicamente al deseo y al capricho que ha mandatado el saliente presidente y la entrante presidenta electa, aun a sabiendas de la trascendencia y consecuencias catastróficas que tendrá en la impartición de justicia”.
Criticó que se pretenda fundamentar la aprobación del documento en el discurso de combate a la corrupción y argumentar de haya escuchado a todas las partes involucradas, “lo cual es falso a todas luces, ya que los diálogos organizados solo sirvieron de simulación”.
El debate no estuvo libre de momentos tensos, como el que involucró a Juan Ramiro Robledo y la diputada Susana Prieto, ahora sin partido, pero que llegó a la cámara por Morena.
Prieto Terrazas acusó a su ex compañero de “violentarla” por impedirle el uso de la voz, a pesar de que la legisladora lo pedía de forma insistente, para presentar sus argumentos en contra de la reforma.
Lo anterior llevó a Prieto –quien no es integrante de la comisión– a increpar a gritos a Robledo e incluso a subir a tribuna con la mano alzada para exigir que le dieran la palabra. Ante su insistencia, Robledo finalmente le dio la palabra.
Arropada entre las curules de la oposición, Susana Prieto exclamó que, después de salir de Morena, sólo recibió desdén de sus antiguos compañeros. “¡Me han hecho la vida imposible!”, clamó.
En lo insólito, fueron los priístas y panistas quienes la defendieron. El priísta Marco Mendoza reclamó: “Quieren callarla porque no está de acuerdo en la destrucción del Poder Judicial”.
Se prevé un largo debate ya que se presentaron 330 reservas, lo cual –según calculan los diputados- podría alargar la sesión hasta la madrugada del martes.
justicia.