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Nuevamente la aplanadora de morena y sus aliados se hizo sentir en la Cámara de Diputados, pues con 267 votos a favor y 210 en contra se aprobó “decreto de interpretación” que le da la vuelta a la veda electoral, de esta forma los funcionarios públicos como el presidente de la República, podrán emitir “expresiones” sin restricción de temas durante el periodo de reflexión por elecciones y por el proceso de revocación de mandato.

La propuesta presentada por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna —que fue aprobada sin ningún trámite por “urgente y obvia resolución”— señala que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Dicha aprobación fue calificada por la oposición como un “albazo legislativo” que viola la Constitución.

Movimiento Ciudadano intentó frenar la discusión mediante una moción suspensiva, que fue rechazada por la mayoría, argumentando que Morena “se está brincando la ley”.

“La Constitución, en su artículo 105, dice que no puede modificarse la ley electoral por lo menos 90 días antes de alguna votación. Hoy estamos exactamente a 30 días de la revocación de mandato y pretenden mediante un «decretazo» modificar la ley, expuso la diputada Ivonne Ortega.

La diputada Marcela Guerra, a nombre de bancada del PRI, calificó como “decretazo” de Morena para favorecer principalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que desde sus conferencias mañaneras se salte la veda electoral.

“Debido a esta interpretación que realiza el grupo mayoritario, que esta pretendida interpretación, solo considere la propaganda gubernamental a aquellas expresiones que sean pagadas con recursos públicos, permitiendo hacer uso de organizaciones, de instituciones, de servidores y servidoras públicas para manifestar posturas que a todas luces violentan la veda electoral ya establecida por el INE”, expuso.

La también secretaria de la Mesa Directiva informó que, ante tales irregularidades, el Revolucionario Institucional se reservará las acciones constitucionales que puedan ejercerse en contra de este “decretazo interpretativo”.

Pidió a sus pares en esta LXV Legislatura no dejar un precedente que violente el quehacer parlamentario. “La dignidad del cargo de legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de derecho”, externó.

A su vez, el diputado panista Santiago Torreblanca, advirtió que el decreto no solamente tiene efectos para la revocación de mandato sino para futuros procesos electorales. Su compañera, Paulina Rubio Fernández, adelantó que acudirán acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).