Al acreditar que hubo descuento del salario trabajadores y sin su consentimiento, en el gobierno de César Duarte, por 14.6 millones de pesos durante 2015, y que fueron presuntamente canalizados al PRI; el INE multó con 36 millones de pesos a ese instituto político.
En una investigación en la que participaron la Fepade, el INE y la Comisión Nacional Bancaria y de valores, se descubrió que a trabajadores con ingresos de entre 6 mil y 9 mil pesos se les retenía el 5 por ciento de su salario y a los de más de 9 mil pesos de ingresos, el 10 por ciento.
Luego de la cuenta concentradora se enviaba el cheque al tesorero quien ordenaba a dos empleados endosarlo para cobrarlo en efectivo y ese dinero se entregaba al Servicio Panamericano de Protección para que lo entregara a la Secretaría de Hacienda de la entidad que a su vez, lo entregaba al Secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, explicó que a pesar del complicado mecanismo que utilizaba el gobierno del Estado para tratar de burlar a la autoridad, se logró descubrir esta operación ilícita.
También se multó al Partido Acción Nacional (PAN) con 3 millones de pesos, debido a que la precampaña de Ricardo Anaya recibió 1.5 millones de pesos de una empresa, lo que está prohibido por la ley.
La Unidad de Fiscalización del Instituto acreditó que tres personas físicas depositaron a las cuentas de la campaña, 500 mil pesos cada una; pero antes, en sus cuentas personales habían recibido ese mismo dinero por parte de la empresa Consultoría de Tecnologías de la Información Duart, S.A. de C.V.
La empresa reportó a Hacienda una facturación por 208 millones de pesos, pero cuyo domicilio fiscal no coincide con el registrado.
El representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar subrayó que todas las operaciones se realizaron por medio de instituciones financieras, que nunca quisieron ocultar nada ni utilizar efectivo para simular una operación ilícita.
Además las consejeras y consejeros electorales determinaron por mayoría, con el voto en contra del Consejero José Roberto Ruiz, imponer a Morena una sanción por 197 millones 46 mil 413 pesos por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.
Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.
La sanción impuesta asciende a 250 por ciento del monto involucrado, al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir recursos de personas desconocidas y de ente prohibido (personas morales).
Al respecto, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización explicó que esta acción constituye un fraude a la ley, pues se comprobó que la apertura de un fideicomiso, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo, fue creado y operado por la dirigencia del partido Morena.
“No se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad, además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”, sostuvo.
Murayama precisó que el fideicomiso se nutre de recursos de procedencia prohibida como son los de origen desconocido -44.4 millones de pesos en efectivo- y provenientes de empresas (3.2 millones de pesos), además de que se ejerce un total de 64.4 millones de pesos a través de cheques de caja y en efectivo por 56 personas relacionadas con el partido -legisladores y candidatos- lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas de un partido.
“Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo la competencia democrática”, afirmó.
Por su parte, la consejera Pamela San Martín añadió que “estamos ante un esquema de creación, operación y manejo de un fideicomiso de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado”.
Al argumentar su voto en contra del proyecto, el consejero José Roberto Ruiz señaló que, a su parecer, no hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad al partido político en la constitución y operación de dicho fideicomiso.