Número cero// EXCELSIOR
El llamado a la primera Consulta Popular constitucional para juzgar crímenes del pasado debe servir para enviar un mensaje inequívoco contra la impunidad, que a todos convierte en reales o potenciales víctimas. Aunque su diseño la hace simbólica, no debería quedar como una figuración o una simulación política. Este ejercicio, conocido como “juicio a expresidentes” —aunque la pregunta no lo enuncie así— es una oportunidad para potenciar una discusión pública sobre acciones para reparar el daño que sistemáticamente les niega el poder político y el judicial.
Es cierto que llegamos a esta cita del 1 de agosto con una convocatoria edificada con piedra de mala calidad y en lajas resquebrajadas, como las que están en la superficie de la cantera y sólo sirven para obras de mampostería. “Circo” muy conveniente a la narrativa presidencial, como dicen sus opositores; o un “distractor” que sólo beneficiaría a López Obrador porque –como sentencia la Corte—la aplicación de la ley no es motivo de consulta. Aunque la pertinencia de la consulta, paradójicamente, tiene que ver con el estado de ilegalidad en un país en que los delitos no se castigan pese al costo humano de vivir en violencia extrema.
Por eso la defensa formal de la legalidad para llamar a no votar recuerda el doble discurso de la vieja fórmula del “obedézcase, pero no se cumpla” del derecho medieval, pero muy presente en la impunidad en el país.
En otras latitudes, el plebiscito ha sido útil para pacificar conflictos violentos, como en Chile, para desalojar a Augusto Pinochet del poder en 1989 o desmontar el Apartheid, en Sudáfrica, y recientemente el Brexit, en Gran Bretaña. En México las decisiones trascendentales para el país (TLC, la guerra contra las drogas o la militarización de la seguridad) pertenecen al monopolio del mundo de la política, que incluso enajena esta consulta para sus propias disputas.
Su mayor debilidad es que atiende más a la confrontación política que a la deliberación ciudadana y a la necesidad de justicia para la paz. Prueba de ello, las dudas sobre la participación y su poco involucramiento en ella. Y si ya alcanzar el umbral de 40% del padrón para que sea vinculante se aprecia casi imposible, la reformulación de la pregunta por parte de la Corte dejó en una especie de limbo la interpretación y alcance del resultado. A pesar de ello, también obliga a una respuesta del Presidente sobre su sentido, la discusión y expectativas entre las víctimas. ¿realmente hay voluntad de revertir la impunidad y asegurar justicia para la pacificación del país?
López Obrador se ha pronunciado en contra de juzgar a sus antecesores con la justificación de que parezca venganza política, pero la inacción de la justicia respecto a investigaciones contra el gobierno de Peña Nieto deja dudas sobre pactos de impunidad o la incapacidad de esclarecer crímenes del pasado. Por ejemplo, los implicados en la corrupción de Odebrecht han logrado esquivar las acusaciones penales y hasta las sanciones administrativas.
De no haber respuestas, la consulta corre el riesgo de perderse en la intrascendencia de la propaganda alejada de la preocupación de los derechos de las víctimas. Una de ellas, como ha querido apuntar la propia Corte, es la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo alternativo al Judicial porque, entre otras razones, delitos que pudieran imputarse a los expresidentes ya han prescrito.
Si realmente el gobierno apuesta a consolidar las consultas populares, lo primero es demostrar su utilidad para develar delitos que se ocultaron o no se castigaron. Por eso la importancia de que la movilización active una discusión pública, a pesar de la amplitud y la ambigüedad de la pregunta.
La consulta ha metido al Presidente en un laberinto ya que, por un lado, desconfía de la eficacia de la fiscalía para esclarecer crímenes del pasado y, por otro, no cree en las comisiones de la verdad contra la impunidad. Morena dice que la impulsará cualquiera que sea el resultado, pero sin consenso a su interior ni apoyo presidencial. ¿Qué sigue? El gobierno está atrapado entre las expectativas de la consulta, el reclamo de las víctimas que se sienten traicionadas y el riesgo de que la impunidad convierta su discurso anticorrupción en letra muerta.