• Reprochan ineficiencia e ineficacia del gobierno para respetar y hacer que se respeten tales derechos
• Al término de la emergencia podría haber más de un millón de despedidos, la gran mayoría en desprotección si no se reacciona
La incapacidad del gobierno federal para frenar el creciente desempleo en el país obliga al GPPRD a reclamarle acciones más contundentes a fin de proteger los derechos de la generalidad de trabajadores, pero más aún de las trabajadoras, quienes están en mayor vulnerabilidad por discriminaciones de género.
EL GPPRD exhortó por tal motivo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hacer públicas las acciones que con perspectiva de género adoptará ante la violación sistemática de los derechos laborales de las mujeres y, por lo pronto, le propuso establecer guardias en las juntas de conciliación y arbitraje para agilizar la solución a sus demandas y garantizarles acceso a la justicia.
La bancada del Partido del Sol Azteca aclara que, en general, todos los trabajadores cuyos derechos hayan sido violados merecen esta procuración de justicia, pero insistió en que las mujeres requieren trato especial por estar en mayor desventaja.
Precisó que en el marco de la tercera fase de la pandemia del COVID-19 y la agudización de la crisis económica, el gobierno ha sido ineficiente e ineficaz para detener el creciente despido de trabajadores y hasta provoca el demérito de sus derechos al vulnerar, por ejemplo, a sus propios empleados y empleadas con sus políticas de “austeridad”.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el pasado 6 de abril había en general cerca de 350 mil trabajadores despedidos -entre ellos los de limpieza, salud, maquiladoras, agroindustrias, constructoras, transportes, comunicaciones, turismo y comercio, entre otros sectores- pero previsiblemente serán más de un millón al término de la actual emergencia.
Lo peor para estos despedidos es que sus probabilidades de justicia serán nulas o mínimas si no se toman las medidas pertinentes, ya que actualmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los Tribunales de justicia y Juntas de Conciliación y Arbitraje están cerradas en todo el país.
En esta precariedad laboral, las mujeres pierden más debido a normas restrictivas de género, la penalización vinculada con la maternidad y menor salario respecto a los hombres, aunque realicen igual trabajo, todo ello particularmente en empresas informales, maquiladoras, agroindustrias y otras.
Así, según datos oficiales, más de 50 % de la planta laboral de maquiladoras son mujeres, casi la mitad de las cuales sufren violencia de sus patrones; la mayoría de ellas recibe 30% menos salarios que los hombres.
En las últimas semanas, en el norte del país, al menos 15 fallecieron a causa del COVID-19.
A su vez, la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas alertó que estos trabajadores son de los más vulnerable ante la pandemia, pues viven en constante migración, sin seguridad social, sin acceso a atención médica, sin información preventiva y, en suma, en marginación y pobreza.
El personal de salud, integrado por 238 mil 300 profesionistas en el país -más del 57%, mujeres-, a su vez denuncian carencia de equipo especializado que les proteja de contagios, de capacitación adecuada e inspecciones para revisar las condiciones de trabajo, según reconoce el Observatorio Laboral de la STPS.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que hasta el 10 de abril había 329 médicos y enfermeras contagiados de COVIS-19, entre quienes ya se registran muertes, además de injustificadas y reprobables agresiones de parte de algunos sujetos.
El GPPRD reconoce que la STPS habilitó un mecanismo digital para que trabajadoras y trabajadores presenten denuncias, pero aclara que esto es totalmente insuficiente porque muchas y muchos carecen de internet o conocimientos en computo.
Por ello reiteró su reclamo y propuso a la Cámara de Diputados que lo respalde y solicite a la STPS que haga públicas las acciones que, con perspectiva de género, adopta ante la violación sistemática de derechos de la clase trabajadora, y, de manera inmediata, establezcan guardias en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país para atender sus demandas a fin garantizarles justicia.