Rocío Miranda Pérez, Presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, advirtió que la población adulta mayor, de 65 y más, en el país se ha convertido en la evidencia más clara de la “política social de la dádiva” y “control electoral” con los programas sociales focalizados a este sector poblacional, lo que representa un riesgo para México.
Indicó que la falta de concurrencia entre el programa de Pensión para Adultos Mayores que opera la Sedesol, a nivel Federal, en tanto que el Gobierno del Distrito Federal lo hace con el Programa de Apoyo Social a Adultos Mayores, sólo administran la miseria al reducir las partidas presupuestales anualmente y no concretar una coordinación entre ambas acciones.
Recordó que actualmente más del 8 por ciento de la población en México es adulta mayor, en el 2020 representará el 12.5 % y alcanzará el 28% en el 2050, cuando la población de Adulta Mayor alcance los 36 millones de personas, por lo que hizo un llamado a los funcionarios a escuchar las opiniones de quienes operamos los programas sociales.
En especial, exhortó al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, a evitar que por la falta de recursos financieros, no se mejoren las políticas sociales sobre todo cuando “la población que más le ha dado a la construcción de este país, es la gente de 65 y más que ahora están en estado de indefensión y fuera de la dignidad humana”.
Recordó que debido al recorte que sufrió el gasto público para este año, el programa de Pensión para Adultos Mayores tiene un presupuesto menor que en 2015 lo que implicó que, por tercer año consecutivo, el apoyo que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá un monto de 580 pesos mensuales.
Este año el Programa tiene un presupuesto de 39 mil 486 millones de pesos, es decir, 7.6 por ciento menos, es decir, 3 mil millones de pesos menos respecto del presupuesto original con el que contó para 2015, que fue de 42 mil 515 millones de pesos.
La reducción presupuestal implica que el apoyo económico que reciben los adultos mayores no tenga un aumento para este 2016, lo que además representa que, por tercer año consecutivo, la transferencia económica se mantenga sin incremento.
Recordó que cifras de la Sedesol indican que en 2014 la cobertura de dicho programa abarcó a 5.4 millones de beneficiarios y para 2015 fueron 5.7 millones de mayores de 65 años los que recibieron la ayuda económica.
Para 2016 el potencial de beneficiarios del programa asciende a 6.7 millones de personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.
Lo anterior sin considerar que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México la esperanza de vida va en aumento y las personas mayores de 65 años llegarán a 9.8 millones para el 2020.
Ante esta realidad, dijo, la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina considera que es viable dignificar al adulto mayor a través de una verdadera concurrencia de programas como es el de Prospera con el Programa Alimentario y el Programa 65 y más, pero que éstos a su vez se vinculen con los programas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Trabajo.
“Creo que si se sentaran las diferentes Secretarias de Estado a trabajar en la concurrencia de los recursos podrían trabajar en una política social que alivianara la vida de los adultos mayores”, declaró, Rocío Miranda Pérez.
Lo anterior porque actualmente que los riesgos a prever, de mantener una política de dádiva al Adulto Mayor es que se agrave la miseria entre este sector poblacional toda vez que según la CEPAL, México pertenece al grupo de países con una alta prevalencia de pobreza, más del 40 por ciento, en esta población.
Esta realidad nos habla de que “no se atiende con calidad a los adultos mayores sino por cantidad y distribuyéndoles una miseria de recursos sin considerar que con la duplicidad de programas como es en el caso de la Ciudad de México sólo se genera “un choque electoral entre un partido y otro para ver quien jala más votos con los adultos mayores”.
Así se aplica el lucro electoral, a partir de la entrega recursos, vía tarjetas pero no se resuelve el problema cuando la canasta básica de este sector poblacional ha pasado, en los últimos años de los 400 pesos a más de 900 pesos, concluyó.