ESTIRA Y AFLOJA/ MILENIO
El T-MEC estará en la agenda política y económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, le adelantará la postura de su gobierno con relación al tratado comercial, según anunció el viernes Marcelo Ebrard, secretario de Economía. La semana pasada el gobierno y los empresarios defendieron ante el USTR las políticas públicas y privadas en materia laboral y producción manufacturera.
Entregaron por escrito sus posturas dentro de las investigaciones de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EU sobre leyes laborales (trabajo forzado y trabajo infantil), y capacidad de producción manufacturera, y recibieron el apoyo de organizaciones empresariales de EU para eliminar los aranceles impuestos al comercio bilateral y solicitar que no se apliquen otros.
Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz de EU (NCGA por sus siglas en inglés), Jed Bower, solicitó que México y Canadá queden exentos de esta investigación para preservar y mejorar el acceso al mercado, además de otorgar un tratamiento libre de aranceles a todos los insumos agrícolas. Aquí están representados 36 mil productores de maíz, “el cultivo más valioso de EU” que gracias al T-MEC creció 93 por ciento en su valor, con 5 mil 450 millones de dólares en maíz exportado a México y mil 450 millones de dólares en etanol vendido a Canadá en 2025.
A su vez el Consejo de Política Automovilística Estadunidense (AAPC) que representa los intereses de política pública de Ford, General Motors y Stellantis pidieron que la investigación sobre el tema en México y Canadá sea libre de cualquier acción arancelaria por las “salvaguardas incorporadas en el T-MEC para proteger las cadenas productivas de trabajo forzado, incluido el infantil”.
De forma conjunta, los presidentes del CCE, Concamin e Index José Medina Mora, Alejandro Malagón y Humberto Martínez, entregaron al USTrade sus comentarios sobre esta investigación. “México no se dedica a prácticas para promover el exceso de capacidad y dañar la relación económica con EU”.
Precisaron que el “proceso de investigación en curso genera una incertidumbre significativa para exportadores, inversores y proveedores logísticos mexicanos” que afecta también a estadunidenses, y que aranceles adicionales “minaría los avances logrados bajo la modernización del T-MEC”, y remataron: “Creemos que el gobierno mexicano no interviene para deprimir la demanda interna ni para desvincular las decisiones empresariales de los incentivos basados en el mercado. No existen políticas destinadas a generar exceso de capacidad estructural. Las empresas estatales no subvencionan sus productos para aumentar la competitividad de las empresas privadas nacionales, como a veces ocurre en otros países”.
jesus.rangel@milenio.com
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