• Usuarios sufren abusos recurrentes por operadores de grúas y autoridades –incluso, de la GN- que extorsionan con total impunidad, sin contar los riesgos a l
os que se someten por la inseguridad derivada del crimen organizado
• Los impactos asestan en el desarrollo de la economía nacional con costos de decenas de miles de millones de pesos
• Los mayormente afectado son la industria del autotransporte, y empresas que deben desplazar materias primas, productos, equipo y maquinaria
• La página en la que se pretende auxiliar a quejosos de los servicios de Grúas: “Inconformidad por el cobro excesivo por la prestación del servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos”, inútil
La Diputada federal Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó esta semana una Proposición con Punto de acuerdo mediante la cual, la Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, y a sus homólogos en los estados, a terminar con las irregularidades y abusos cometidos por operadores de grúas respondientes de accidentes y percances en las vías federales de comunicación.
En su planteamiento, la legisladora por Michoacán expuso que las y los usuarios de las vías de comunicación sufren abusos recurrentes por operadores de grúas y autoridades (con las que aparentemente hay acuerdos) para extorsionar con total impunidad, sin contar los riesgos a los que se someten por la inseguridad.
Macarena Chávez dejó en claro que esta corrupción está afectando al final, a los consumidores pues, en general; la industria del transporte que presta servicios a empresas para desplazar materias primas, productos, equipo y maquinaria; reporta (a la par que empresas aseguradoras) que este “cáncer de abusos”, eleva los costos del transporte debido a que los operadores de esas unidades son coaccionados a aceptar servicios de grúas que rondan -en ocasiones- por encima de los 100 mil pesos, sumándose a los “moches” que, elementos de corporaciones estatales y federales, exigen para dejar a los trabajadores del volante y a los particulares.
“Todos los gastos antes mencionados –recalcó- terminan por repercutir en los costos de las mercancías o en una disminución en las utilidades para empresarios, además de una reducción en la calidad de los servicios y un aumento en los tiempos de entrega, lo cual nos lleva a que, “el pagano final”, sean el consumidor y la economía en general”.
Chávez Flores sostuvo que los operadores de vehículos de carga y unidades de uso personal y familiar, acusan un contubernio entre elementos de seguridad federal, policías estatales y hasta elementos de la Guardia Nacional, con empresas de grúas, para llevar a cabo cobros excesivos por maniobras de salvamento, enganche y arrastre pues -sin el consentimiento de los involucrados (hablando de casos donde el percance no constituye una afectación a las capacidades cognitivas de los operadores)- piden grúas que evidencian una clara colaboración.
Y mencionó que, “a pesar de que, a nivel federal, existe un tabulador de grúas como parte de los servicios que regula la SICT, en realidad el servicio de grúas, arrastre y maniobras de varios tipos, además de los abusos en patios de corralones, son campo para la corrupción, el abuso y la impunidad por parte de los mismos operadores, y de elementos de las policías, federales, estatales y -en algunos casos- de elementos de la Guardia Nacional.
Precisó que, si bien el Gobierno Federal (a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) cuenta con una página en la que se pretende auxiliar a los quejosos de los servicios de Grúas: “Inconformidad por el cobro excesivo por la prestación del servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos”, lo cierto es que solo forma parte de las opciones; pero las quejas solo quedan en eso, pues las acciones brillan por su ausencia y todo queda en mero discurso.
“A pesar de que varias de estas empresas de grúas presentan características y comportamientos propios de una mafia, continúan operando y se jactan de tener relaciones de poder con funcionarios y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), funcionan a través de oficinas fantasma en diversos municipios en varios estados del país”, resaltó.
Agregó que las denuncias de “moches” que se reparten a autoridades de los tres niveles de Gobierno, permiten a los negocios de grúas, seguir operando en la impunidad, con todo y que enfrentan denuncias vigentes por abusos en las descabelladas cuotas de servicios de enganche, arrastres y traslados; y están sujetos a proceso por denuncias constituidas por delito de robo de autopartes de vehículos que son desvalijados en depósitos clandestinos.
Macarena Chávez citó finalmente que esta situación se ha convertido (en palabras de las y los propios operadores) en una psicosis, pues muchas veces se tiene una mayor certeza de que las policías de diferentes corporaciones y de la Guardia Nacional, representan más peligro que la propia delincuencia; por lo que las y los legisladores, como representantes de los intereses de la ciudadanía, están obligados a actuar ante las instancias pertinentes porque, al final del día, todas y todos, estamos siendo presa de este tipo de contubernios y corrupción.