Número cero/ EXCELSIOR
La exposición de la crisis de desaparición forzada en México ante la Asamblea General de la ONU representa un revés diplomático para el gobierno. Pero, sobre todo, un reconocimiento de graves violaciones a derechos humanos que no ha conseguido resolver y que, por el contrario, ha intentado reducir de su amplia expresión.
La decisión excepcional del Comité contra la Desaparición Forzada de presentar su informe anual ante el mayor foro internacional prende una alarma contra la impunidad que acaba por normalizar esta tragedia. Con más de 130 mil personas desaparecidas, México enfrenta una emergencia de crímenes indicativos de lesa humanidad que no puede atribuirse sólo a los regímenes del pasado ni al crimen organizado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado la interpretación con que el comité puso en marcha este mecanismo preventivo con que busca poner reflectores al problema, y niega que el Estado consienta o tolere estos delitos. Ante la ONU defendió su estrategia de búsqueda como prioridad del gobierno y reportó más de 16,000 localizaciones en 2026, pero persisten dudas sobre sus identidades, el estatus del resto de 120,000 desaparecidos y las respuestas a las familias.
Pero la resistencia oficial al escrutinio internacional refleja una disputa más profunda sobre la responsabilidad del Estado. Durante años, los gobiernos de la 4T han asociado las desapariciones con la guerra sucia y el régimen autoritario del siglo pasado o la guerra contra las drogas de Calderón. Sin embargo, las denuncias de participación, complicidad o tolerancia de autoridades en casos actuales impiden reducir el problema a un capítulo cerrado de la historia. La diferencia jurídica es fundamental: no toda desaparición cometida por particulares es forzada, ésta requiere la intervención, autorización o aquiescencia del Estado y el ocultamiento del paradero de la víctima. Por lo tanto, investigar a las autoridades es esencial para esclarecer los hechos y combatir la impunidad.
La exposición ante la ONU confirma que la crisis no puede ocultarse mientras las familias sigan buscando y aparezcan fosas clandestinas. Ayotzinapa y el Rancho Izaguirre alimentan el debate nacional sobre las limitaciones de actuales investigaciones oficiales, la actuación de las autoridades y la capacidad del Estado para garantizar verdad y justicia.
México intentó impedir que su caso llegara a la Asamblea General al alegar que podía interpretarse como un señalamiento de tolerancia estatal hacia esos crímenes. Mantuvo la objeción pese a que Volker Türk, alto comisionado de la ONU, destacó la “voluntad” de Sheinbaum de resolver la crisis para destacar sus esfuerzos por combatirlo.
Su gobierno tuvo que admitir ante la ONU la participación de autoridades municipales en los crímenes, pero negó una política estatal. El reconocimiento deja preguntas: quiénes intervinieron o protegieron, qué hicieron las instituciones y por qué tantos casos siguen sin esclarecerse.
Por ejemplo, el anuncio de miles de personas localizadas en 2026 inquietó a los colectivos de búsqueda, que cuestionan la falta información y consulta. Para valorar el avance debe conocerse la identidad de quienes aparecieron con vida, cuántos casos se resolvieron y quiénes siguen desaparecidos.
La alerta internacional obligó al gobierno a ofrecer resultados para defender su estrategia y ofrecer cooperación. Pero ésta sólo será útil si aporta información verificable, mejores búsquedas, avances judiciales responsables: no sustituye las obligaciones del Estado, sino que ayuda a cumplirlas y evaluarlas. Porque la mayor debilidad de la defensa oficial no radica en la atención internacional, ni presentarla como intentos desestabilizadores, sino en que la crisis es inocultable. La lucha de las madres buscadoras, la multiplicación de fosas clandestinas, denuncias y el aumento de las cifras desmienten el intento de reducir su dimensión. Pero cabe preguntar entonces qué puede hacer la comunidad internacional ante una crisis de esta magnitud. La intervención de la Asamblea General no garantiza hallazgos ni justicia, pero puede elevar el costo diplomático de la falta de acción, mantener el escrutinio y facilitar una cooperación más amplia.
La soberanía no puede invocarse para eludir la vigilancia internacional cuando están en juego derechos fundamentales; menos para encubrir un problema cuya responsabilidad recae principalmente en las autoridades. El gobierno debe demostrar que puede esclarecer las desapariciones, investigar a las autoridades implicadas y responder a las familias.
La dimensión internacional de la crisis no es algo que deba contenerse, sino una razón más para reconocer y afrontar la responsabilidad estatal en esta grave violación de derechos humanos. Es decir, partir de reconocer la responsabilidad estatal en la emergencia. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y responsabilidad absoluta de los autores