>< En 72 horas Pérez Jaén debe ratificar el recurso que presento en la secretaria General de la Cámara de Diputados
Demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, presentó María Elena Pérez Jaén, en calidad de ciudadana ante la secretaria general de la Cámara de Diputados.
La ex legisladora federal de Acción Nacional presume nexos del ex titular de SEGOB, con el crimen organizado.
Pérez Jaén mencionó que López Hernández, debe aclarar presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco, de enero de 2019 a agosto de 2021.
“Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”, subrayó.
En su denuncia, acusó al coordinador de los senadores de Morena de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento.
En específico, señaló que el extitular de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, alias “El abuelo” era subordinado del senador López Hernández cuando se desempeñó como gobernador.
Indicó que, al ser Adán Augusto López Hernández, el superior jerárquico de su entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, «tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez».
Explicó que esto implica la presunta comisión de diversos delitos por parte del senador y actual coordinador de Morena, tales como tráfico de influencias, al actuar en su carácter de servidor público promoviendo y gestionando la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su cargo, mismos que pudieron producirle beneficios económicos o de otra índole.
Asimismo, agregó, podría haber incurrido en el delito de cohecho, al solicitar o recibir ilícitamente, para sí o para otros, dinero o cualquier beneficio, así como posible encubrimiento de su secretario de Seguridad.
«Esto se traduce en un grave incumplimiento de las responsabilidades primordiales de su encargo en el servicio público, redundado en perjuicio de los intereses público fundamentales y de su buen despacho, a través de la realización de infracciones a la Constitución o a las leyes federales, causando perjuicios graves a la Federación y a los estados de la misma”, enfatizó.
Aseguró que, por lo anterior, se hace procedente iniciar el procedimiento de juicio político, a efecto de que previo agotamiento de las formalidades necesarias, la Cámara de Diputados se erija como jurado de sentencia y se impongan las sanciones a que haya lugar.
La quejosa, subrayó que en tres días regresará al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar su demanda de juicio político.