El estado de Morelos enfrenta un alto riesgo de caer en la inconstitucionalidad en la implementación del Sistema Local Anticorrupción, mientras las reformas realizadas en Veracruz sólo se ajustan en 35 por ciento al modelo nacional.
Así lo señala el Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, elaborado en conjunto entre Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad para conocer el avance en la implementación de estos sistemas, que deberían estar listos el 18 de julio.
De acuerdo con el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción, los estados de la República deberían de realizar las reformas constitucionales necesarias para crear sus sistemas locales, bajo el mismo modelo del nacional, para contar con las mismas reglas en todo el país.
Sin embargo, hasta el 28 de febrero, los estados de Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, no contaban con reforma constitucional, mientras que en Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, sólo tienen iniciativa que no se ha discutido en el Congreso.
Solamente Baja California Sur tiene ya las reformas ajustadas al 100 por ciento al modelo nacional, mientras estados como Chiapas, Estado de México, Querétaro, Nayarit Puebla y Sonora, se ajustan en 95 por ciento.
Baja California y Morelos son algunos de los que tienen menores porcentajes con 65 y 70 por ciento, respectivamente.
Morelos enfrenta el mayor riesgo de inconstitucionalidad, porque el Comité de Participación Ciudadana lo elige el Congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma y al modelo de elección impuesto por el Sistema Nacional.
En el caso de Veracruz, la reforma sólo satisface el 35 por ciento de los requisitos, entre otras cosas, porque no establece el Comité Coordinador o sus miembros no se designan con el modelo nacional; no establece Entidad Superior de Fiscalización.
Tampoco incorpora régimen de responsabilidades, no establece la obligación de presentar las declaraciones 3 de 3; no crea un Tribunal o no le otorga la facultad de sanción en responsabilidades administrativas graves.
Esto significa que se trata de una reforma claramente inferior al modelo nacional establecido en el SNA.
NOTIMEX, LINEA POLITICA, 22-03-17.