La vía para solucionar las protestas y toma de instalaciones de parte de alumnos de la Máxima Casa de Estudios para detener, investigar y sancionar acoso sexual en sus instalaciones es la solución coincidieron en señalar diputados federales de diversas bancadas en la Cámara de Diputados.
Por llamaron al Rector de la UNAM, Enrique Graue, a sentarse a dialogar con sus interlocutores para llegar a una solución pacífica. Al respecto la líder parlamentaria del PRD, Verónica Juárez urgió a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de procuración y administración de justicia, cada cual en el ámbito de sus competencias, a atender y resolver a la brevedad el problema de violencia de género en instalaciones de esa casa de estudios.
Les demandó igualmente iniciar el diálogo con víctimas y denunciantes de este problema, y a evidenciar y actuar en consecuencia contra quienes manipulan este conflicto para otros fines.
En entrevista, consideró preocupante que haya estos grupos ajenos al problema y que aprovechan la falta de solución por parte de las autoridades para emprender otro tipo de acciones.
De cualquier modo, demandó identificar estos grupos y actuar conforme la normatividad vigente, para lo cual se debe dar seguimiento y concluir lo antes posible las investigaciones que, según las autoridades, ahora sí ya están en curso, pero sobre todo insistió en que se resuelvan los problemas que originaron la suspensión de clases en varios planteles.
“La UNAM es una universidad a la que queremos todas y todos, es emblemática en nuestro país y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que lo antes posible resuelva estos problemas”, dijo al reiterar la necesidad de que se inicie el diálogo cuanto antes para resolver este conflicto y de que se erradique la violencia de género de cualquier ámbito social.
Lamentó, al respecto, la casi nula contribución del actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a este propósito, al avalar iniciativas de reforma a diversos ordenamientos donde se plantea la eliminación del feminicidio como tipo penal.
Evidencia con ello su carencia de perspectiva de género, hace a un lado los convenios internacionales de los que México forma parte para hacer efectivos los derechos de las mujeres e ignora que diariamente al menos 10 de ellas –jóvenes, adultas y niñas- son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
“Ahora nos damos cuenta por qué estamos así: pues contamos con un fiscal que en verdad no cuenta con la experiencia mínima necesaria en este tema, es decir, en torno a lo que tiene que ver con los derechos, garantías y derechos de las mujeres”, denunció.
Recordó que la tipificación a nivel federal del feminicidio fue un logro que costó muchos años de lucha y que aún está en proceso en varios estados, por lo que el fiscal y sus homólogos en esas entidades deberían preocuparse por la formación y capacitación de su personal para iniciar y concluir las investigaciones con perspectiva de género a fin de erradicar la violencia extrema contra las mujeres.
En resumen, lo que deben hacer es cumplir la ley y la Constitución –que hoy se conmemora- para evitar la impunidad y que esta impunidad normalice los feminicidios, la violencia de género, la delincuencia y la criminalidad en género en nuestro país, específicamente en espacios como los de la UNAM.
“Me parece que uno de los principales compromisos que tenemos en el marco del 103 Aniversario de nuestra Constitución Política es su cumplimiento. Éste es el pacto social que ha venido modificándose después de la Constitución de 1917 y debemos de honrar todo lo que ocurrió en esos años, pero también hay que honrar lo que se ha ido modificando y lo que ahora tenemos”, puntualizó.
Por otra parte, consideró que los gobernadores de los estados que aparentemente fueron engañados por el Gobierno Federal sobre las condiciones para su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no deberían romper el diálogo, sino insistir en las pláticas sobre la mejor forma en que éste puede funcionar.
Sin embargo, también demandó al Gobierno Federal claridad sobre reglas y lineamientos mínimos de funcionamiento del Insabi a fin de garantizar la coordinación y delimitar claramente la responsabilidad de cada nivel de gobierno, todo con el propósito último de dar buen servicio a la población.
A su vez, Arturo Escobar y Vega, coordinador de los pevemistas consideró que el Estado mexicano debe garantizar el libre acceso a los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se encuentran tomados, y aplicar la ley.
Consultado sobre el paro que mantienen ocho escuelas, en consecuencia de la violencia de género que existe en la máxima casa de estudios, Escobar y Vega dijo que los grupos que mantienen tomados los espacios, tienen “el propósito de generar inestabilidad en la UNAM”
Se deben “definir los límites que tiene esta autonomía, no es un tema de utilizar la fuerza, es simplemente aplicar la ley. Y la ley se aplica en todo el país”, explicó.
“Es responsabilidad del Estado mexicano garantizarles a los académicos, especialmente a los estudiantes, el libre paso, el libre acceso a la catedra. Y esto que está pasando son movimientos porriles, que, a través del oscurantismo, buscan bloquear o violentar un espacio de pensamiento liberal”, sostuvo.