En el segundo día de audiencias públcias sobre reformas al artículo 19 constitucional especialistas en derecho penal, defensores de derechos humanos, investigadores y empresarios difieron por el planteamiento de incrementar el catalogo de delitos que propone el Senado de la República y la implementación de la prisión preventiva oficiosa.
Los juristas y promotores de los derechos fundamentales, alertaron que modificar el marco constitucional sería incurrir en una grave violación a los derechos individuales.
El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Jan Jarab, externo su rechazo a los cambios en materia de prisión preventiva oficiosa.
INSERT: “Desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, la Prisión Preventiva Oficiosa es una violación a los derechos humanos, y por ello, este honorable Congreso, desde nuestra perspectiva debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta y más que discutir su eventual extensión debería estar planteando al eliminación de la prisión preventiva oficiosa, esta prisión aumenta el riesgo de la tortura y no abona a superar la impunidad””.
Durante su participación preguntó a los legisladores si estarían de acuerdo que un familiar suyo sea apresado sin saber si es culpable o no de un delito.
INSERT: “Estimados diputados apelo a su conciencia, si fueran sus familiares quienes fueran imputados de un delito, estarían favor de que vayan obligatoriamente a la cárcel por meses o años. Estarían dispuestos a renunciar a las garantías mínimas del debido proceso y el control judicial”.
Quien apoyo al funcionario de la ONU fue el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Tapia, quien advirtió a los diputados que de aprobar la iniciativa gubernamental habrá más pobres e inocentes en las cárceles mexicanas, que de por sí están llenas de ellos.
INSERT: “Con todo respeto el comunico que si aprueban la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no mejorará nuestra seguridad, no combatirá a impunidad y lo que es peor, provocarán que personas pobres e inocentes vayan a la cárcel”.
El profesor investigador del CIDE, José Antonio Caballero, dijo que ningún cambio legal servirá de mucho para cambiar la realidad, no es por arte de magia, y llamó a no ser ingenuos.
INSERT: “Pensar que, con solo cambiar la ley, es como si contratáramos a Harry Potter para hacer el cambio, entonces no caigamos en esas ingenuidades y quiero insistir en las víctimas, las víctimas no van a ser mejor servidas con el tema de la prisión preventiva. Si hay riesgo para la víctima es perfectamente argumentable y si el MP no lo puede argumentar es doble el riesgo para la víctima”.
Sin embargo, para el sector empresarial, no sólo debe aprobarse la propuesta del ejecutivo federal, también se debe analizar la posibilidad de contemplar más delitos de los 9 ya previstos, como el robo a casa habitación, a negocio, la extorsión y el cobro de piso y el robo de vehículos, incluso.
Armando López Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), solicitó que el robo al autotransporte de pasajeros se considere como un delito grave y se ejerza la prisión preventiva oficiosa a fin de reducir la impunidad. Aclaró no estar en contra de la presunción de inocencia ni del debido proceso, pero la vida de los usuarios y conductores se debe salvaguardar y frenar a la delincuencia.
A su vez, Salvador Gonzáles Reyes, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y otros órganos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC (Conatram), aseguró que la falta de esta figura es de vida o muerte, pues en todo el país los operadores de automotores son asaltados, vejados y asesinados, por lo que esta acción daría certeza a las inversiones; el robo a transporte se ha convertido en algo frecuente, algo está fallando.
Pideron a los legisladores que México deje de ser un país de víctimas.