La Presidencia de la República difundió un expediente que denominó caso Márquez Padilla, en el que publicó datos personales de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Durante la mañanera del viernes pasado, el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que hasta febrero pasado María Amparo Casar cobró una pensión vitalicia en Pemex que obtuvo presuntamente de manera ilícita.
La empresa petrolera, indicó, presentó denuncias penales para intentar recuperar un monto estimado en 31 millones de pesos por el presunto fraude.
El director de Pemex aseveró que en 2004, Carlos Fernando Márquez, esposo de la presidenta de MCCI, se suicidó en las instalaciones de la petrolera.
Casar solicitó todos los beneficios postmortem para su esposo, como la pensión vitalicia para ella y sus hijos, pero Pemex acusa que lo hizo de forma fraudelanta, debido a que se entregó por muerte accidental, previo a que el Ministerio Público resolviera que fue un suicidio.
A su vez, el trámite de pensión se realizó cuando María Amparo Casar era jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Tras las declaraciones de Romero Oropeza, la Presidencia de la República publicó el expediente completo del caso, sin testar ningún dato personal, por lo que se hizo publica información de ella y sus hijos.
Entre los documentos están facturas de pago del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que los hijos de Casar presuntamente solicitaron como reembolso.
Debido a la vulneración de los datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) analiza abrir una investigación de oficio sobre el caso.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra señala, en su cuenta de X, que la publicación de datos personales sin el consentimiento del titular es una violación a la ley en la materia.
“Las autoridades que recaban y tratan #DatosPersonales deben cumplir, entre otros, con los principios de licitud, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad, señalados en el artículo 16 de la Ley General de la materia”, señaló la comisionada.
Aseveró que las autoridades deben “cumplir el deber de confidencialidad implica que las instituciones deben establecer controles para que quienes traten información personal no la divulguen de forma indebida”.
La comisionada advirtió que:
“Ante actos u omisiones que contravengan las leyes de protección de datos personales, el INAI puede iniciar investigaciones de oficio y determinar lo que en Derecho corresponda. Actuaremos en consecuencia”.
Por su parte, María Amparo Casar, en diversas entrevistas radiofónicas, se dijo víctima de persecución por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a las investigaciones que ha realizado MCCI de presuntos actos de corrupción en su administración.
Con información del periódico 24 Horas