<< El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales
Por unanimidad de 415 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 201 del Código Penal Federal para aumentar hasta en una mitad las penas por corrupción de menores cuando se vincule con delitos de la delincuencia organizada.
El dictamen, enviado al Senado, señala que es necesario modificar ese ordenamiento, a fin de establecer el reclutamiento de menores para actividades relacionadas con el crimen organizado como una circunstancia agravante del delito de corrupción de menores.
El Pleno aceptó una reserva suscrita por la y los coordinadores de los grupos parlamentarios, diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) y diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC).
La reserva establece que “cuando los actos señalados en los incisos d) y e) (comisión de algún delito o de formar parte de una asociación delictuosa) y se relacionen con alguna de las conductas a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las penas previstas en el segundo párrafo de este artículo aumentarán hasta en una mitad”.
La diputada federal morenista, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez señaló que esta reforma parte de un análisis con enfoque de derechos humanos y no se trata de crear tipos penales redundantes, sino de fortalecer lo que ya existe, dotarlo de mayor claridad y eficiencia y enviar un mensaje: quien reclute a un menor para delinquir enfrentará consecuencias proporcionales a la gravedad del daño de la causa. Se reconoce que el reclutamiento criminal no es solo un delito, es una forma moderna de esclavitud moral, una apropiación del futuro de la juventud mexicana.
Enfatizó que con la modificación se establece una agravante clara: cuando la corrupción de menores se vincule con delitos de delincuencia organizada, la pena se incrementará. Y con ello “estamos protegiendo bienes jurídicos fundamentales, estamos defendiendo el derecho de cada niña y niño en México, y por supuesto a construir su historia lejos de la violencia”.
A su vez, Tania Palacios Kuri, de Acción Nacional enfatizó que mientras el crimen organizado ya recluta en redes sociales, en chats privados, en plataformas digitales, “nuestra legislación sigue anclada en un tipo penal pensado para un México analógico. El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no”. El dictamen “que hoy discutimos fortalece sanciones, sí, pero reduce un fenómeno estructural a una consecuencia penal”.
Afirmó que no se puede permitir que el narcomenudeo tenga reclutadores adolescentes. “No podemos permitir que el crimen organizado tenga guarderías, que la explotación sexual infantil se normalice en pantallas. Y quien utiliza un niño para delinquir no merece indulgencia, merece sanción ejemplar”.
Del PRI, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes aseveró que hoy el reclutamiento forzado no está claramente tipificado como delito en nuestro marco legal, lo que constituye una grave omisión del Estado mexicano, que perpetúa la impunidad y fortalece a la delincuencia organizada que ha encontrado terreno fértil ante esta laguna legislativa y, por ende, la pasividad de las autoridades.
Reconoció que dictamen es un avance; sin embargo, “no podemos conformarnos, tenemos que ir más allá, porque adecuar la conducta del reclutamiento forzado bajo el tipo penal de corrupción de menores no equivale ni jurídica ni materialmente a reconocer como tipo penal al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes”.