· La iniciativa del Ejecutivo vulnera la separación de poderes, pone en riesgo los contrapesos republicanos y denota un afán de concentrar más poder en el Gobierno Federal.
· Quitar los recursos del Fondo Metropolitano es una invasión de atribuciones a estados y municipios de las zonas metropolitanas.
· Necesario un Consejo Económico de Emergencia para enfrentar la crisis actual.
Ante la emergencia por la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo Federal recurre a un perverso propósito de quitar atribuciones consagradas en la Carta Magna al Poder Legislativo en materia presupuestal; que quede claro: en Acción Nacional queremos hacer todo para ayudar a las familias, recobrar su salud y su economía, ¡pero así no presidente.
Así lo aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks al comentar la iniciativa presidencial presentada el jueves y que busca adicionar el artículo 21 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de incluir un artículo transitorio.
Propone establecer un procedimiento bajo la figura de “emergencia económica”, sin precisar tal concepto, quién lo determinará, por cuánto tiempo estaría vigente y cuáles serían sus medios de control. Y para rematar, no considera a la Cámara de Diputados para la realización de las adecuaciones presupuestales. Se pretende que renunciemos a una de nuestras facultades exclusivas.
El líder parlamentario enfatizó que la postura de los diputados panistas de ninguna manera va contra la asignación de recursos para quienes se han visto sumamente golpeados en su salud, sus ingresos por la pandemia del Covid-19; por el contrario, dijo, es porque la iniciativa presidencial pretende ignorar, deliberadamente lo establecido en el artículo 74 de nuestra Constitución Política.
Pese a que la fracción cuarta de dicho artículo especifica que “son atribuciones del Congreso de la Unión aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus asignaciones”, ahora se quiere entregar ese mandato y dejar manos libres al Ejecutivo Federal, lo que implica también que muchas de las actividades sustantivas del Estado podrían correr el riesgo de no atenderse adecuadamente, como la violencia y la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país.
De manera abierta, la iniciativa presidencial vulnera la separación de poderes, pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático y denota un afán de concentrar más poder hacia el Ejecutivo que, además, lo ha ejercido con serias deficiencias. ¡Si se nos pide respeto, lo exigimos también en reciprocidad!
Romero Hicks aseguró que el procedimiento que pretende la iniciativa del Presidente López Obrador ya está considerado en el artículo 21 constitucional; estamos para colaborar en una reasignación presupuestal que atienda la crisis de manera integral: salud pública, economía e ingreso familiar, gobernanza e inseguridad social.
El decreto habla de una “emergencia económica” pero, a falta de precisiones, pensamos puede inspirarse en otro tipo de causales, como la implementación de políticas públicas erróneas e ineficaces en materia de inversión y empleo, lo que ha derivado en la inestabilidad actual de nuestros indicadores macroeconómicos y el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en otras palabras: la crisis por la que atraviesa el país.
“El verdadero riesgo que vemos en las circunstancias actuales es que, como medida desesperada por la falta de recursos, el Presidente López Obrador decrete “emergencia económica” y busque adecuaciones del gasto para subsanar los resultados de la propia irresponsabilidad en la toma de decisiones gubernamentales”, precisó.
Entre los diputados federales del PAN existe la coincidencia de que el presidente pretende blindar los proyectos prioritarios que le interesan, como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de “Dos Bocas” y el Tren Maya, haciendo a un lado las necesidades más urgentes de la población en salud, empleo y atender los reclamos de los sectores social y privado.