NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La futura guerra por el agua es presagio apocalíptico de grandes titulares, que también se usan en campaña electoral para explotar o distraer crisis hídricas como la que hoy asola al país. Pero detrás de ataques y culpabilización política, hay abandono y anarquía legal de un tema secuestrado por un enredo de intereses de acaparadores e industrias que, en la práctica, la manejan como propietarios ante la mirada omisa de los gobiernos.
Ahora en la carrera presidencial y de estados golpeados por la sequía podremos ver la rentabilidad electoral de la falta de agua, que la oposición reclamará contra el que gobierna. El desbasto es oportunidad para capitalizar el enojo de los privilegiados que están conectados a la red, porque más de la mitad de la población no tiene acceso directo mucho antes del cambio climático. La brecha de los que no cuentan con agua entubada pega a 8.1 millones de viviendas y se agudiza en zonas rurales donde menos de la mitad tiene instalaciones en su casa.
El abasto es casi universal en las zonas urbanas, pero en los hechos, las carencias son caldo de cultivo para detonar conflictos que van de la escasez, contaminación, conservación y, por supuesto, de leyes que distorsionan su manejo y favorecen la concentración en pocas manos. La cobertura no significa tener agua si las tuberías se secan por la reducción del caudal de presas como en las Cuencas de Aguas del Valle de México. La mayoría de las 210 principales del país promedian un déficit de 26% por falta de lluvia.
Esos desequilibrios son fáciles de catapultar con titulares de la proximidad del Día 0 para la capital y estados vecinos, con dedicatoria política en temporada electoral. Eso no significa que no haya una crisis hídrica, sino que la politización del tema distrae de sus verdaderas causas en infraestructuras obsoletas, falta inversión pública y de coordinación gubernamental para su manejo adecuado. Los mayores consumidores son en 80% la industria, de alimentos, por ejemplo, que también es la principal beneficiaria de un régimen de concesiones mal regulado, peor supervisado y, en la práctica, privatizador.
Por eso, la actual crisis no obedece tanto a la escasez por el cambio climático como al modelo de gestionarla desde la Ley de Aguas de 1992. Los municipios, encargados de otorgarla, la concesionan a particulares de las grandes firmas de la agroindustria, minas o desarrolladores que la usan como si en la práctica fueran sus dueños.
Cuando llega la crisis, sin embargo, la factura no se endosa a esta llamada “hidrocracia”, sino al 20% del consumo doméstico, sin su capacidad de influencia y cabildeo. Llegan los cierres y cortes de agua en casas. Así y todo, hay comentócratas “libertarios” que creen que los políticos se equivocaron al reconocer el agua como derecho y a ello atribuyen la escasez. Hay, pues, quien defiende a la concentración y dejar que la gente muera de sed como de desnutrición.
Pero el corte de agua es el momento oportuno para dar orientaciones políticas a acciones que no se atienden, y que más que campañas requieren cambios en las reglas del juego y políticas públicas para solucionarlo. Aunque eso sea menos lucrativo electoralmente que reconocer omisiones políticas detrás de la crisis del agua. Desde hace una década el diagnóstico es claro para evitar que llegue el día D: cambiar las reglas del juego en los marcos legales y regulatorios, modernizar la infraestructura y sobre todo cambiar la lógica de su uso dentro de ese régimen de concesiones.
Aunque nada de esto se escucha detrás del ruido electoral y pedir el voto, porque, al contrario, sobre ello lo que hay es el silencio por no haber atendido una crisis de la que nadie quiere la paternidad. Nadie quiere hacerse cargo de las fallas por la reducción del presupuesto para la infraestructura o iniciativas de reformas frustradas por “falta de consenso”. Sólo en las últimas legislaturas hubo seis intentos por sacar una nueva ley de agua que frenó la presión de esa maraña de intereses económicos que, luego, apoyan las campañas.
Gane quien gane en junio estará obligado a subsanar esa omisión legislativa con una nueva Ley de Aguas este año, como le exigió la Corte al Congreso. Veremos si después de las urnas puede cambiar el discurso apocalíptico electoral por el compromiso de garantizar el derecho al agua.