Un reconocimiento a los maestros que aún enseñan con vocación y una denuncia contra el sistema que ha convertido el aula en territorio sindical y negocio político
El Día del Maestro revela una fractura que el discurso oficial intenta cubrir con reconocimientos y aumentos salariales. México tiene más docentes que nunca, pero peores aprendizajes, menor inversión educativa y un sistema capturado por inercias sindicales, burocráticas y políticas. Este texto distingue a los maestros que aún enseñan con vocación, de aquellos que han usado la escuela como plataforma de presión, negociación o militancia, mientras millones de alumnos pagan el costo del fracaso
Los datos históricos dicen que la celebración del 15 de mayo fue instaurada en 1917 por Venustiano Carranza, cuando México apenas emergía de la Revolución y necesitaba alfabetizar a un país de campesinos y soldados analfabetos. En esa época, y durante casi toda la primera mitad del siglo XX, el maestro rural caminaba kilómetros con un morral de libros a cuestas y prácticamente con un ropero improvisado como pizarrón; cobraba en especie cuando el pago del gobierno no le alcanzaba y aún así sabía el nombre de cada alumno, el oficio de cada padre y la historia de cada familia. Esa entrega no era un extra, sino el núcleo de la vocación docente.
Hoy México tiene registrados 2 millones 61 mil 23 maestros, según el último corte de la SEP para el ciclo 2024-2025, atendiendo a 32.5 millones de alumnos. La cifra es la más alta de la historia del país, pero el aumento numérico no ha traído mejoría en los aprendizajes. La razón es simple: la cantidad de docentes no corrige la calidad de lo que enseñan, y cuando la vocación se reemplaza por la rutina o la militancia, el alumno paga las consecuencias.
La prueba del “Programme for International Student Assessment”, en español, Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022, entregó cifras duras y negativas, que crispan algunos escritorios, porque no admiten trampa. México obtuvo 395 puntos en Matemáticas, mientras el promedio de la OCDE fue de 472, y dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico de competencias. En Ciencias, México ocupó el último lugar absoluto entre los 37 países de la OCDE; en Lectura, el tercer peor. Ningún gobierno puede lavarse las manos con estos resultados, ya que son el espejo de décadas de mala política educativa, pero también el reflejo de lo que ha pasado en los últimos 8 años bajo el actual régimen.
Los gobiernos surgidos de la 4T han modificado la forma de enseñanza, hoy bajo el discurso de la Nueva Escuela Mexicana, un modelo que en los hechos protege a docentes que dedican más tiempo a labores políticas que a preparar sus clases. La permanencia en el aula se ha vuelto más importante que el aprendizaje efectivo, y la crítica a esta situación es respondida con acusaciones de elitismo o de añorar el pasado “neoliberal”. Sí, quizá el pasado neoliberal también fue culpable, pero decirlo no absuelve al presente.
La lucha magisterial en México tiene dos caras, y ambas han terminado por desplazar a la niñez del centro de la discusión. Por un lado, el SNTE ha funcionado durante décadas como una oficina de cuotas y poder burocrático; por otro, la CNTE ha construido su influencia a base de paros, tomas de casetas, vialidades y proferir amenazas, como la reciente de boicotear el Mundial de 2026 si no se satisfacen sus demandas. Cada plantón frente al Zócalo significa días perdidos de clases, y esos días los pagan directamente los niños de familias que no tienen para una escuela particular ni para un tutor. No hay manera seria de llamar a eso “defensa de la educación pública”.
En 2023, tan sólo en Michoacán, los paros de la CNTE acumularon más de 30 días de suspensión de clases en más de 200 escuelas, y esos niños no recuperaron nunca el tiempo perdido. Y mientras tanto, los líderes sindicales negocian plazas, basificaciones exprés y posiciones en gobiernos estatales.
La vocación quedó sepultada bajo el expediente político y también bajo una violencia contra los maestros que los discursos oficiales prefieren no mencionar, porque rompe el relato de la escuela como espacio armónico. Me refiero a las amenazas directas de padres vinculados con grupos delictivos o que operan como células de los cárteles en territorios controlados. En estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, hay profesores que han recibido mensajes claros, según testimonios recogidos en distintas regiones: “no le pongas tareas a mi hijo”, “no lo repruebes o te va a pesar”, “aquí mandamos nosotros, no tú”.
Y el maestro muchas veces no puede llamar a la policía porque en ciertas regiones la autoridad está rebasada, capturada o demasiado lejos para protegerlo a tiempo. La patrulla más cercana puede estar a dos horas de camino, o el docente puede saber que la denuncia lo dejará más expuesto frente al mismo personaje o grupo que lo amenaza. La SEP no tiene un protocolo que valga en esos contextos; el profesor queda solo e indefenso frente al padre que llega a la junta escolar con una pistola bajo la camisa.
Los documentos oficiales de la SEP sobre violencia escolar parecen escritos para una realidad menos grave que la que enfrentan muchos docentes. En 2025, la propia secretaría publicó tres protocolos para atender agresiones en el aula, pero los tres comparten una limitación de origen: están pensados, sobre todo, para conflictos entre alumnos, agresiones familiares convencionales o dinámicas de acoso entre pares, no para territorios donde el poder criminal interviene en la vida escolar.
Un documento propone “mediar el conflicto” con técnicas de diálogo; otro parte de la idea de que la amenaza viene de fuera de la escuela; el tercero plantea cuatro momentos para atender el acoso. Ninguno parece ofrecer una ruta suficiente para el caso extremo del padre que amenaza al maestro con una pistola en el aula o a la salida. Estos protocolos son bibliografía obligatoria para los exámenes de ingreso al magisterio en 2026, y los futuros maestros los memorizan para aprobar la prueba, aunque saben que el día que enfrenten una amenaza real, ningún formulario burocrático los protegerá.
El origen noble y la degradación actual
Otro punto que se aborda con cierta laxitud al hablar de la formación magisterial es el de las escuelas normales rurales, que nacieron en 1922 con el propósito de llevar educación al campo y formar maestros que devolvieran a sus comunidades lo aprendido. Durante décadas cumplieron esa función como mecanismo de movilidad social para jóvenes indígenas y campesinos, pero ese origen heroico ya no alcanza para justificar el estado actual de muchas de estas instituciones. Lo que empezó como una trinchera educativa se ha convertido, en varios casos, en un espacio donde la formación pedagógica ocupa un segundo plano frente al adoctrinamiento político y la confrontación sistemática. El nivel académico en muchas normales rurales está por los suelos, y algunos egresados parecen salir mejor entrenados para el bloqueo de carreteras, que para explicar una ecuación de segundo grado.
El caso de Ayotzinapa es el más emblemático y contradictorio. La desaparición de los 43 estudiantes en 2014, brutal y todavía insuficientemente esclarecida, no puede tapar lo que ocurre dentro y alrededor de la propia normal. En Guerrero hay habitantes que miran a los normalistas con temor, antes que con simpatía, por episodios de violencia, bloqueos, toma de casetas y confrontaciones que han marcado la relación entre la escuela y su entorno. En 2022, por ejemplo, estudiantes de esa normal estrellaron un tráiler sin conductor contra una caseta de peaje. También en Mactumactzá, Chiapas, las protestas por exámenes presenciales derivaron en tomas de casetas y cierres carreteros, y en 2021, 93 normalistas fueron detenidos en medio de un operativo policiaco que incluyó abusos denunciados ante la CIDH. Detrás de muchas de esas movilizaciones asoma la misma demanda, como lo es obtener plazas automáticas al egresar, sin examen, sin concurso y sin demostrar competencia pedagógica.
Pero esa exigencia encontró respaldo legal. En 2019, la reforma educativa impulsada durante el gobierno de López Obrador estableció que los egresados de las escuelas normales públicas tendrían preferencia en la asignación de plazas docentes, y en 2023 la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de esa medida. En la práctica, esa prioridad legislada debilita la lógica de una evaluación abierta y comparable con egresados de otras instituciones de educación superior. No equivale, en todos los casos, a un pase automático, pero sí desplaza el principio de competencia demostrada frente al grupo. El mensaje es claro, en el sentido de que pesa más el origen institucional que la capacidad pedagógica acreditada. La pobreza no es certificado de competencia, aunque el gobierno y el sindicato la traten como argumento suficiente para justificar privilegios laborales.
Los defensores del normalismo rural señalan con razón que muchas de estas escuelas han sido castigadas presupuestalmente y que las condiciones de vida en los internados son precarias. Sin embargo, la respuesta a esa precariedad pocas veces se ha concentrado en exigir mayor calidad académica, planes de estudio rigurosos o formación didáctica avanzada. Con demasiada frecuencia, la presión pública se dirige hacia más recursos, más plazas y más privilegios laborales sin una contraparte verificable en el aula. Y hay que decirlo con mucha claridad: un normalista que no sabe enseñar matemáticas básicas, no tiene derecho a una plaza sólo porque sobrevivió cuatro años en un internado miserable. Las normales rurales dejaron de ser, en muchos casos, semilleros de maestros esforzados para convertirse en espacios atravesados por la presión política, la movilización violenta y la exigencia de beneficios laborales sin evaluación suficiente. La SEP lo sabe, el gobierno asimismo lo sabe, pero ambos miran hacia otro lado, por miedo al bloqueo o a ser políticamente incorrectos.
Este mismo viernes, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial del 10 por ciento para el magisterio, distribuido entre prestaciones y alza directa al sueldo (9 por ciento retroactivo desde enero y el resto a partir de en septiembre). El secretario Mario Delgado lo presentó como “un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas”. Según la SEP, un maestro de secundaria pasaría a ganar en promedio más de 20 mil pesos brutos al mes, mientras uno de preescolar llegaría a poco más de 16 mil 800. La presidenta expresó su deseo de que el incremento “fuera el doble”, aunque lo sujetó a los límites del presupuesto disponible.
Sin embargo, ni ese 10 por ciento ni las frases de agradecimiento borran las cifras que duelen. El mismo gobierno destina a educación el 2.96 por ciento del PIB, por debajo del piso internacional de referencia que suele ubicarse en torno al 4 por ciento. Es un aumento que no cierra la brecha salarial con otras profesiones ni llega acompañado de un plan claro para reparar lo que ocurre dentro de las aulas. El dinero en la bolsa del maestro no corrige por sí mismo la falta de formación pedagógica, ni desactiva las amenazas de grupos criminales en las escuelas, ni hace que un adolescente entienda matemáticas o un texto literario. El aumento es necesario, pero no equivale a una verdadera política educativa.
La inversión educativa en México, un escándalo silencioso
El país destina el 2.96 por ciento de su PIB a educación, por debajo del piso internacional de referencia situado alrededor del 4 por ciento. Para alcanzar ese nivel harían falta cientos de miles de millones de pesos adicionales cada año, una cantidad que el gobierno suele presentar como inalcanzable, aunque sí aparecen recursos cuando se trata de rescatar bancos, financiar obras “prioritarias” que han pasado a ser entelequias de un gobernante falaz o sostener programas de alta rentabilidad política. El mensaje es claro: la educación no ocupa el centro de la prioridad nacional.
Un crítico afín al sistema podría señalar que el presupuesto educativo aumentó durante la 4T en términos nominales, y quizá tendría razón en el número, pero no en el fondo. En 2018, el gasto educativo fue de 728 mil millones de pesos y en 2023 subió a 897 mil millones; a simple vista parece un aumento de 23 por ciento, pero la inflación acumulada en ese mismo periodo fue superior al incremento presupuestal. En términos reales, el poder adquisitivo del gasto educativo cayó, y esa realidad desmiente a los sofistas del régimen.
Como porcentaje del PIB, el gasto educativo pasó de 3.2 por ciento en 2018 a 2.96 por ciento en 2023. Es decir, bajó. La SEP tampoco ha alcanzado en estos años el piso internacional de referencia propuesto por la UNESCO. Parte del presupuesto presentado como educativo se canaliza a programas como las becas Benito Juárez, asistencialismo social disfrazado de política educativa, pero no sustituyen clases, pizarrones, formación docente ni escuelas dignas. Inflar el presupuesto con becas y recortar lo que llega directamente al aula. es un truco contable.
Según Data México y la Secretaría de Economía, el salario promedio de un maestro de primaria a nivel nacional en el tercer trimestre de 2024 era de 7 mil 890 pesos mensuales. Organizaciones como Mexicanos Primero reportaron cifras similares para mayo de 2025, estimadas en 7 mil 130 pesos en preescolar y 7 mil 890 en primaria. Estas medias nacionales esconden disparidades severas. En Chiapas, un maestro de primaria puede ganar 11 mil 500 pesos, mientras en la Ciudad de México el promedio baja a 6 mil 700 y en el Estado de México a 4 mil 820 pesos mensuales. Un docente con plaza base en zonas urbanas puede alcanzar 12 mil pesos, pero con horarios dobles o triples. La disparidad se explica por tabuladores regionales y compensaciones por zona geográfica, mecanismos laborales con los que el gobierno intenta atraer y retener maestros en regiones consideradas menos atractivas. Sin esos incentivos, quizá nadie querría ir a trabajar a zonas marginadas.
La consecuencia inmediata es que los profesores con verdadera vocación se queman en dos o tres empleos mientras los que se dedican a la política sindical gozan de tiempo completo para sus gestiones, comisiones liberadas y viáticos pagados con fondos públicos. La lógica perversa es perfecta, pues el mal maestro es premiado con tiempo libre para hacer política, y el buen maestro es castigado con sobrecarga laboral.
El lugar les ha quedado demasiado grande
Hubo un tiempo que a los personajes que ocupaban la silla principal del edificio de la Secretaría de Educación Pública de la calle de República de Argentina número 28, en el Centro Histórico, no necesitaban que les explicaran qué era un libro. El primero, José Vasconcelos, fue nombrado en 1921 por Álvaro Obregón, y antes de ser secretario ya había escrito “La raza cósmica”, había sido rector de la Universidad Nacional y construido el lema “Por mi raza hablará el espíritu” que aún sigue grabado en el escudo universitario. Vasconcelos no llegó a aprender el oficio, sino a inventarlo. Él decidió que las paredes de la SEP las pintara Diego Rivera con murales de trabajadores y maestros rurales y mandó a imprimir miles de ejemplares de los clásicos griegos en ediciones que se repartieron en bibliotecas ambulantes.
Él le encargó a Gabriela Mistral, la poeta chilena —quien después ganaría el Nobel—, que coordinara una colección de “Lecturas para mujeres” porque pensaba que la educación de las madres era la base de la república. Fue un hombre contradictorio y conservador en sus últimos años, pero nadie puede discutir que cuando hablaba de educación, sabía de qué hablaba.
Vasconcelos no fue el único. Después vinieron figuras como Narciso Bassols, secretario durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, educador, jurista, teórico marxista y defensor del laicismo escolar en una época en la que retirar los crucifijos de las aulas implicaba enfrentar a la jerarquía católica. También estuvo Jaime Torres Bodet, poeta de los Contemporáneos, diplomático y dos veces secretario de Educación Pública. En su segunda gestión, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, impulsó el Plan de Once Años y dio fuerza a la política de los libros de texto gratuitos a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, creada en 1959. Fueron funcionarios con obra intelectual, visión educativa y sentido de Estado; no llegaron a improvisar.
Ahí estuvo también Agustín Yáñez, escritor de “Al filo del agua” y secretario de Educación Pública durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien dio continuidad a una política educativa todavía marcada por la centralidad del libro, la escuela pública y la formación nacional. Muchos de aquellos secretarios —con excepciones discutibles, como ocurre en toda lista histórica—, tenían carreras intelectuales sólidas antes de llegar al cargo. No aprendían sobre la marcha ni necesitaban que les explicaran qué era un libro de texto o para qué servía una biblioteca.
Desde 1921, la SEP ha tenido decenas de titulares, pero a partir de las últimas décadas del siglo XX los nombres comenzaron a pesar menos y los resultados a caer más. Los funcionarios recientes han sido, en buena medida, operadores políticos, burócratas de partido o administradores del conflicto sindical, y esa diferencia se nota en las aulas y en las pruebas internacionales como PISA.
Un crítico podría decir también que México no está tan mal si se compara con el resto de América Latina, pero los datos matizan esa coartada. En la prueba PISA 2022, Chile obtuvo 412 puntos en Matemáticas, Uruguay 409, Costa Rica 395 —a la par de México—, y Argentina 378. México no fue el peor de la región, pero eso no constituye un logro, sino un consuelo menor. El verdadero golpe aparece en Ciencias, donde Chile alcanzó 444 puntos, Uruguay 435, Costa Rica 411 y México 402, en el sótano de la OCDE. Países con ingreso per cápita comparable o trayectorias de desarrollo complejas, como Turquía y Serbia, obtuvieron mejores resultados. La excusa regional de “somos latinoamericanos” se debilita cuando otras naciones, con problemas históricos similares —y que no exigen a los cuatro vientos que nos pidan perdón los españoles—, han priorizado la formación docente, la evaluación continua y la disciplina académica, mientras México ha preferido demasiadas veces la lealtad sindical sobre la calidad de la enseñanza.
Los gobiernos estatales también tienen responsabilidad en la debacle
En este contexto se ha señalado principalmente al gobierno federal, pero los gobiernos estatales también tienen una responsabilidad enorme que no puede quedar en la sombra. En México, la educación básica opera bajo un esquema concurrente: la SEP define planes y programas, mientras las entidades participan en la administración cotidiana del sistema, el mantenimiento de planteles, la gestión de plazas y la operación política del servicio educativo. Esa corresponsabilidad impide atribuir toda la debacle a un solo nivel de gobierno.
Hay estados que han hecho mejor tarea que otros. Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes suelen aparecer por encima de la media nacional en distintos indicadores educativos, mientras las mayores carencias se concentran con frecuencia en entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. La diferencia no es casual: donde los gobiernos locales han cuidado la infraestructura, negociado sin entregar por completo el control político de la educación y sostenido algún grado de evaluación o seguimiento docente, los resultados tienden a ser mejores. En los estados con peor desempeño, los gobernadores han usado la educación como botín de cuotas, han permitido la herencia informal de plazas o han cedido ante cada paro de la CNTE. El gobierno federal ciertamente tiene un alto grado de culpabilidad, pero no toda, porque la podredumbre también es local.
Y los resultados de esta podredumbre se ven en el analfabetismo funcional. Distintas mediciones internacionales han documentado que una proporción muy elevada de adultos mexicanos no comprende textos de mediana complejidad ni resuelve operaciones matemáticas básicas de la vida diaria. Eso significa que millones de personas pasaron por la escuela, obtuvieron certificados y concluyeron grados, pero no recibieron herramientas suficientes para pensar con autonomía, leer críticamente o defenderse frente a la manipulación política y económica.
A esto se suma otro fenómeno, como lo es la protección a maestros que claramente no debieran estar frente a un grupo. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —creada en la infame reforma educativa de 2019—, ha recibido miles de quejas por acoso, abuso sexual, golpes y abandono de grupo y otras conductas incompatibles con la tarea docente, pero las sanciones efectivas son mínimas y los procesos disciplinarios tardan años. El sindicato protege a los suyos, y la SEP mira hacia otro lado para no enfrentar al gremio. El resultado es que malos docentes se perpetúan en las aulas, mientras padres de familia no tienen a quién reclamar.
Sería absurdo caer en el juego maniqueo de afirmar que antes, con los “conservadores” o los “neoliberales”, todo era perfecto. En el México de mediados del siglo pasado también había maestros mediocres, castigos físicos inadmisibles y abusos que durante años se normalizaron dentro del aula. Pero la diferencia central es otra, porque entonces la vocación todavía ocupaba el centro simbólico del sistema y el maestro abusivo era visto —al menos en el ideal educativo—, como una desviación. Hoy, en cambio, la mediocridad parece haberse vuelto una rutina tolerada y el docente vocacional nada contra la corriente.
Estimo que ningún texto sobre la educación en México puede quedar completamente blindado, porque el sistema es tan complejo que siempre aparecerá una excepción, un matiz o una cifra que como periodista o analista pasamos por alto; eso es perfectamente comprensible, pero lo que no se puede aceptar es el silencio cómplice de quienes tienen los datos, conocen el deterioro y, sobre todo, poseen el poder para intervenir, pero prefieren no mirar lo que ocurre en las aulas del país.
El Día del Maestro no debiera convertirse en una jornada más de propaganda sindical o gubernamental; tendría que ser una fecha de balance incómodo, memoria exigente y cuentas pendientes, para intentar superarnos con alza de miras. Los maestros de vocación, los que siguen ahí, frente al grupo, esforzándose a pesar de todo, merecen reconocimiento durante todo el año. Los otros, quienes han convertido las escuelas en oficinas sindicales o plataformas de presión política, deben ser criticados sin ambages.
Considero, en todo caso, que el festejo público de ayer viernes, y los que vengan en el futuro, no debieran ser generales ni automáticos, porque el reconocimiento no corresponde a la CNTE, a la SEP o al SNTE como estructuras, sino a los maestros que aún hoy —con salarios insuficientes y escaso apoyo—, preparan todos los días su clase, revisan cuadernos con tinta roja, corrigen con firmeza, estimulan a sus alumnos y saben que lo que hacen es más que sólo cumplir con un empleo. A ellos, herederos de aquella vocación del siglo pasado, y a quienes realmente todavía siguen empeñados en enseñar y educar de verdad, es a quienes debemos verdadero respeto y celebración.
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