NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La crisis en el Tribunal Electoral es un autogolpe que debilita y socava su autoridad sin motivo transparente y claro. La crítica de la destrucción de órganos autónomos enderezada contra el gobierno de López Obrador ahora aplica a los magistrados, cuya mayor responsabilidad es cuidar la estabilidad de una institución que tiene en sus manos la calificación de la elección más grande de la historia del país.
Con la elección en marcha, el desbordamiento de rencillas por la pretensión de tres de cinco magistrados de destituir a su presidente no es cuestión menor, dado que está en juego el 2024. El costo de la “grilla” mina la confianza en un órgano que, si no puede solventar sus diferendos, ¿cómo entonces resolver los conflictos políticos de la lucha por el poder o cuidar la legalidad de la actuación de los gobiernos? Su deslegitimación abona a la crítica presidencial contra el Poder Judicial y a la ruta de reformas que debiliten su independencia. ¿Por qué y para qué meterse en este trance, y en un momento en que la discordia puede echar por tierra su prestigio?
La conspiración siempre da lugar a la sospecha de acuerdos internos contra alguien, en este caso de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, al que quieren cortar la cabeza con el alegato de pérdida de la confianza, como hace dos años ocurrió con la destitución de José Luis Vargas, acusado de “abusos” en su gestión y tildado como “magistrado billetes”. Reyes Rodríguez pidió tiempo para responder y amagó con elevar su caso a la Corte, con lo que el pleito podría escalar.
La intriga palaciega siempre abre interrogantes acerca de presiones sobre un órgano dotado de autonomía, para ponerlo a salvo de la intervención de los actores políticos. La oposición, como se ha adelantado a declarar Xóchitl Gálvez, acusa una estrategia de López Obrador para desestabilizarlo y ganar la elección. La difusión de una fotografía de una reunión del representante de Morena en el INE, Sergio Luna, con los tres magistrados sediciosos sirve para apoyar la intriga.
Estamos hablando de un Tribunal “cojo” porque el Senado no ha nombrado a dos de sus siete integrantes tras la salida de Indalfer Infante y Vargas. La designación podría estar atorada por orden presidencial en el contexto del enfrentamiento con el Poder Judicial por los fideicomisos. Pero otra cosa es atribuirle la disposición de los magistrados a la autofagia. Sobre todo, parece poco lógico propiciar la inestabilidad ahí si su partido encabeza casi todas las encuestas hacia 2024.
El Presidente ha tratado de desmarcarse de opinar sobre la crisis y pidió un “arreglo” pronto a través del diálogo entre ellos. Aunque no pasan inadvertidos sus señalamientos contra Rodríguez Mondragón por su cercanía con el gobierno de Calderón, luego que impulsara fallos para obligarlo a retirar de las redes algunas “mañaneras”, por expresiones de violencia política de género contra Xóchitl.
En lo que sí coincide el timing político de la conjura es con el anuncio de la presentación de la reforma presidencial del Poder Judicial en febrero próximo, que pretende elegir a magistrados de la Corte por voto popular para “limpiarlo de corrupción”. No obstante, señalar la autoría de López Obrador de la crisis en el Tribunal más bien sirve para agitar el temor sobre la intención de recortar la independencia judicial por obstaculizar reformas y obras de su gobierno. Pero las cosas caminan por cuerdas separadas.
Si presenta la reforma antes de alcanzar el plan C en las urnas es para usarla como bandera de campaña; o bien, por tener la mayoría calificada para aprobarla en el Congreso con los votos de Movimiento Ciudadano, tras de que abandonara el bloque opositor en el Senado en desagravio con el PRI y el PAN por el desastre en Nuevo León.
La mayor preocupación de esta crisis es que la confiabilidad de las decisiones del árbitro electoral y su capacidad para contener a los actores políticos en los límites jurídicos, es clave del éxito de la elección de 2024. Una tarea delicada en un contexto que ha ido borrando las fronteras entre lo jurídico y lo político con fallos como permitir precampañas adelantadas o la intervención de funcionarios en ellas. Pero será mucho más difícil cumplir esa función con autogolpes que merman su gobernabilidad y la legitimidad en una institución que es piedra angular de la democracia.