NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El alud de violencia durante el proceso electoral desde finales de 2017 coloca a ésta como una variable política que puede incidir en su resultado. Aunque es una enfermedad ya habitual hace más de una década, la dimensión que ahora alcanza no puede soslayarse del terreno político. La campaña se encamina a la recta final en una competencia que transcurre sin presencia del Estado en muchas regiones del país. ¿A quién puede beneficiar?
En un reconocimiento poco habitual, la Secretaría de Gobernación acepta que la violencia “inusitada” se da en un contexto de debilitamiento institucional en los niveles de gobierno, luego de que la cúpula empresarial reclamara medidas urgentes contra la inseguridad sin esperar a las urnas; y de que grandes empresas, también contrario a la costumbre, hicieran pública su decisión de cerrar en plazas donde la operación es insostenible, como Lala, en Tamaulipas. Pero la respuesta oficial es tan anémica de acciones que, en efecto, patea el problema al gobierno siguiente, a pesar de admitir que la violencia adquiere contornos graves por el involucramiento de comunidades en el crimen.
La participación de pobladores, por ejemplo, en el robo a trenes, ofrece una faceta de confrontación civil que inhibe la acción de la policía y explica por qué este delito se incrementó 476% en el primer trimestre de 2018, en zonas muy pobladas como Veracruz y otros estados del sureste. Las empresas habían tomado hace tiempo sus propias medidas de seguridad, cuando se recrudecieron violaciones en sus trenes contra migrantes, pero las relajaron sin que, a su vez, los gobiernos retomaran control de la infraestructura. ¿O acaso hay un relajamiento deliberado de la seguridad con intenciones electorales? Sería búmeran suicida para las autoridades.
De continuar la tendencia de homicidios, 2018 podría terminar con la cifra récord de 35 mil asesinados. Los hechos de violencia “desacostumbrada” —como califica Gobernación—descubren con crudeza la ruptura de cohesión social y del mínimo apegó a las normas legales, es decir, el grado de desactivación de la legalidad que precede al disparo del delito, lo mismo en la CDMX que en Guadalajara o Veracruz. Ofrecen un panorama del páramo de la justicia que favorece la actuación del crimen y lo convierte en un potente elector en las urnas. La violencia política a nivel local contra casi un centenar de funcionarios y candidatos a alcaldes asesinados da cuenta de su capacidad para decidir quién está en las boletas, pero ahora el vacío institucional para contener el delito es otra variable que se proyecta sobre los comicios. ¿Puede beneficiar a algún candidato?
Ante la interrogante, los candidatos tienen pocas respuestas, no obstante saber que al crimen le conviene un presidente débil, que tenga dificultad para contenerlo. Mientras menos liderazgo institucional, la ausencia del Estado permite su expansión. Para el candidato del PRI “ni siquiera se ha llegado a dimensionar el reto de la violencia”, mientras el de México al Frente, Ricardo Anaya, lo reduce a un eslogan de campaña para su cierre: ofrecer la paz.
En tanto que AMLO insiste en el liderazgo institucional de la Presidencia como razón suficiente para acabar con la violencia y la corrupción, junto con una política de amnistía que tendría que pasar por el visto bueno de las víctimas que, hasta ahora, no ha logrado generar movilización social ni mayor empatía con ellas. Pero ninguno se ha hecho cargo de dilemas institucionales como la crisis de la justicia y la reforma penal o del relegado mando único de la policía.
La reacción ha provenido de empresarios que observan el avance del crimen sobre la actividad productiva o la infraestructura como un salto cualitativo en la magnitud de la violencia. ¿En qué dirección se manifestará el miedo al crimen en las urnas? En la campaña, las encuestas se mantienen sin movimientos bruscos, pero hay una extensa cantidad de electores indecisos que, como el resto de los ciudadanos, está expuesta a ella.