Número cero/EXCELSIOR
La respuesta del gobierno a la Corte por su fallo contra el decretazo que reserva información de las megobras del sexenio profundiza la guerra con el Poder Judicial en las costuras de la ley, para mantenerse lejos de su alcance y del escrutinio público. La escalada es peligrosa porque no se confrontan razones jurídicas, sino visiones políticas de la justicia.
El encono asciende como toda espiral bélica: del ataque verbal contra la ministra Piña a desconocer fronteras, ignorar decisiones y defender la ley para socavar equilibrios entre poderes. En el fondo, el gobierno ve a la Corte como vehículo de ataques políticos o de la guerra ritualizada contra la ley de grupos de poder que la usan en beneficio individual. ¿Qué poderoso acusado de un delito no tiene un amparo en el bolsillo?
Cuando el Presidente pide al gobierno no contestar ni el teléfono a los ministros, algunos ven un síntoma de salud de la división de poderes. Pero les sería más difícil admitir que no escuchar sus fallos pone en riesgo el respeto por los derechos individuales, en este caso, el de saber de los actos de las autoridades. Pasan por alto estas prerrogativas por considerarlas una Quinta Columna para paralizar obras y proyectos públicos valiéndose del Poder Judicial.
La Corte, con una mayoría de 8 contra 3 ministros, declaró inconstitucional un decreto de 2021 que resguarda la información de los grandes proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas por motivos de seguridad nacional, con base en una controversia del Inai. La mayoría aceptó el argumento del ministro González Alcántara para tumbarlo por obstaculizar e inhibir el derecho de acceso a la información pública. Los pronunciamientos en contra, entre ellos del expresidente Arturo Zaldívar, consideran que el argumento es una inferencia porque su objetivo no es ocultar información, aunque la sitúa en el mismo supuesto de reservas de la ley de transparencia.
¿Para qué el decreto entonces? El gobierno contesta a la pregunta con otro decreto que, además de insistir en la clasificación de seguridad nacional, apela al interés público de las obras para que ningún particular pueda detenerlas como ha ocurrido con amparos contra el Tren Maya o el interoceánico.
De un plumazo, la ley regresa a la época en que este derecho se regía por el criterio de petición y otorgaba amplia discrecionalidad a la autoridad para decidir la validez de las solicitudes de información para cuidar el interés público, aunque se trate de un derecho que el Inai debe garantizar.
El obús vuelve a pegar en el eje del Inai. Casi inoperante desde abril cuando el Senado dejó incompleto su consejo para sesionar, y ahora maniatado para responder al nuevo decreto porque la ley exige el aval de su pleno. La CNDH o la FGR, los otros que podrían impugnar, carecen de otro criterio que defender la opacidad como recursos de la autoridad para asegurar la marcha de las obras en nombre del interés público. Y la Corte tendrá que acusar este revés en una semana que la ministra Piña ha salido mal parada por una comunicación inapropiada con el presidente del Senado.