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El combate a la corrupción y la transparencia han quedado enterrados luego de que López Obrador firmará y diera a conocer el Decreto donde declara de “interés público y seguridad nacional” todas las obras y proyectos de infraestructura, algo que deja entrever que será en todos los sectores, porque hace firmar a sus secretarios de Estado como respaldo de la decisión.

Haciendo uso de su poder como titular del Poder Ejecutivo, deja a la población como simple espectador de una acción que trastoca leyes constitucionales y fundamentos democráticos que se han venido construyendo para hacer cada vez mejor al país, pero con este Decreto damos varios pasos atrás.

El solo hecho de señalar que las obras de infraestructura se realizan bajo el carácter de seguridad nacional, y por ello se deben resguardar los datos relacionados a su realización, trae consigo la oportunidad de incubar procesos de corrupción, los cuales prometió combatir y ahora serán parte de su legado, porque no sabremos el costo real de cada proyecto, si se presentaron todos los estudios, análisis y proyecciones de cada uno o simplemente, porque así lo dicto López Obrador, es decir por capricho.

López Obrador muestra con este Decreto que de alguna manera quiere esconder algo que pudiera molestar a su figura en un futuro cercano, algo que ya había realizado al también resguardar los datos de la construcción de los segundos pisos en la capital del país, cuando fue jefe de gobierno.

López Obrador trastoca las funciones de los contrapesos en el país y principalmente sin prevenir la corrupción, incluyendo los procesos de licitación competitivos, mecanismos de supervisión de la implementación de proyectos y sobre todo transparencia y rendición de cuentas que se debe dar a la población para conocer en que se utilizan los recursos públicos que salen del pago de los impuestos.

Celebramos que algunos actores han manifestado su preocupación y han planteado la posibilidad de utilizar todos los recursos legales para echar a tras este Decreto.

El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente, Marko Cortés, manifestó que recurrirá a las instancias legales para conseguir que se declare inconstitucional del Decreto de López Obrador, porque lo califico inconstitucional y como un precedente peligroso que da paso al autoritarismo y de retroceso en materia de combate a la corrupción.

Otros actores como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), también informo que presentará una controversia contra el Decreto, pues viola el artículo sexto de la Constitución y los derechos a la información.

En el sector empresarial el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) también se han pronunciado señalando que violan varias leyes, invade las facultades del Poder Legislativo y puede utilizarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, además de incentivar la corrupción.

De presentarse las controversias, el Poder Judicial deberá actuar y con ello decidir si la ruta que plantea López Obrador es o no la legal, que el romper con los diques legales y democráticos a través de un Decreto son permisibles o si este gobierno deberá retractarse.