- Ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado un presidente de la República, es un acto demagógico y sin mayor trascendencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo
- Consideró la importancia de los órganos autónomos como contrapesos especializados al ejercicio de los poderes, “mismos que han contrariado tanto a la voluntad del primer legislador del Palacio Nacional y que, ahora, ha propugnado por su desaparición”
El GPPRD en Cámara de Diputados consideró que declaratoria de reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales y ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado un presidente de la República, es un acto demagógico y sin mayor trascendencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo, porque no tiene mayor impacto en la incoación de procedimientos en su contra, “El derecho de acceso a la justicia no es moneda de cambio electoral”.
Desde la tribuna de la Congreso de la Unión, la diputada perredista, Mónica Bautista, precisó que mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al presidente dependa de una mayoría en el Congreso, como la que hoy rige, “y no sea una potestad de una Fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra de un presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo”.
La también secretaria de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados, indicó que la autonomía debe significar libertad para poder investigar, para detener y para presentar ante las autoridades judiciales a quien sea probablemente responsable de cometer actos ilícitos. “La verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República es, en esencia, la que garantizará el derecho de acceso a la justicia a todas y todos los mexicanos”.
Por ello e GPPRD, dijo, seguirá insistiendo en que los órganos autónomos como contrapesos especializados al ejercicio de los poderes, “mismos que han contrariado tanto a la voluntad del primer legislador del Palacio Nacional y que, ahora, ha propugnado por su desaparición”.
Subrayó que el fuero no debe ser un impedimento para poder juzgar penalmente a los servidores públicos que cometan algún delito, con base en los principios de igualdad ante la ley y de imparcialidad de la justicia.
La diputada federal por el Estado de México, subrayó que las y los perredistas están comprometidos con la transparencia y la congruencia entre quienes desempeñan funciones públicas y quienes ostenten un cargo de elección popular o desempeñen algún puesto en la administración pública, estén sujetos al escrutinio ciudadano, rindan cuentas y en caso de ser necesario, puedan ser presentados ante la justicia de manera pronta y expedita.
Por último comentó que en México, a pesar de los avances democráticos que se han logrado, se han construido privilegios, como la protección que se otorga a grupos de funcionarios corruptos y transgresores contra los que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento de las mayorías parlamentarias y que los protegen absolutamente bajo un hálito de impunidad.