El thriller judicial de Andrew Clark que recorre Canadá, Estados Unidos, México y Colombia
Un mecánico de ascensores que ofrecía descuentos de alquiler a sus inquilinos durante la pandemia, terminó acusado de participar en una de las mayores organizaciones internacionales de narcotráfico y homicidios. Su detención en México condujo a una presunta operación de sobornos por 2.75 millones de dólares, de los cuales dos millones habrían sido destinados a un juez federal mexicano, detenido el pasado domingo, primero de noviembre, en Colombia. El caso conecta cuatro países y abre interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia mexicana.
De rostro ovalado, cejas espesas, mirada ligeramente caída y barba oscura bien recortada, Andrew Clark tiene una apariencia que podría confundirse con la de cualquier joven canadiense de vida ordinaria. Una gorra gris cubre parcialmente su cabello corto, mientras sus ojos cafés le confieren una expresión seria, sin nada particularmente llamativo. Tenía 29 años cuando, en abril de 2020, la revista Toronto Life publicó su fotografía junto con una entrevista en la que se presentaba como “mecánico de ascensores” y propietario de seis inmuebles alquilados a siete inquilinos, dos de los cuales habían perdido sus empleos durante la pandemia.
Clark explicó que les había ofrecido perdonar la mitad de la renta de abril si conseguían pagar la otra mitad, convencido, según sus propias palabras, de que “en esta crisis, era mejor mostrar compasión hacia mis inquilinos”. Aquella declaración, que entonces parecía revelar la sensibilidad de un pequeño empresario ante las dificultades económicas de sus arrendatarios, adquiriría un significado inesperado cuatro años después, cuando el canadiense fue detenido en México, acusado de participar en una poderosa organización internacional dedicada al narcotráfico y vinculada con numerosos asesinatos.
Su captura, ocurrida en octubre de 2024, abrió un procedimiento de extradición que habría podido concluir por los cauces judiciales ordinarios, de no haber mediado una presunta operación de corrupción destinada a conseguir su libertad. La investigación terminaría por alcanzar al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, quien el 24 de febrero de 2025 ordenó que Clark pudiera salir bajo fianza, después de haber recibido, según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un soborno de dos millones de dólares.
El magistrado fue detenido en Colombia el pasado primero de noviembre, acusado de haber utilizado las facultades de su cargo para favorecer al canadiense, cuya captura parecía un episodio más de la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero que terminó poniendo al descubierto una presunta trama de corrupción judicial.
El arrendador solidario de Toronto
La entrevista de Toronto Life, publicada bajo el título How mom-and-pop landlords are coping with the pandemic (“Cómo enfrentan la pandemia los pequeños propietarios de viviendas en alquiler”), permite conocer algunos aspectos de la vida pública de Clark antes de que su nombre apareciera en los expedientes estadounidenses. En aquel momento explicó que los bancos estaban ofreciendo aplazamientos hipotecarios, aunque con intereses adicionales que encarecían el costo de los préstamos, mientras él enfrentaba la posibilidad de que algunos de sus arrendatarios dejaran de pagar.
Consideraba que las dificultades para cobrar rentas formaban parte del negocio inmobiliario y estaba preocupado por el cierre temporal del organismo encargado de resolver las controversias entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, decidió conceder descuentos y declaró que deseaba demostrar a sus ocupantes que le importaba su bienestar, más allá de las obligaciones económicas que mantenían con él.
La publicación adquiere interés porque documenta una faceta verificable de Clark, alejada de las actividades que posteriormente le atribuirían los investigadores. Se presentaba como trabajador especializado, tenía inversiones inmobiliarias y hablaba de las dificultades provocadas por la emergencia sanitaria con la familiaridad de cualquier pequeño propietario. Una investigación posterior de la cadena pública canadiense CBC recuperó aquellos antecedentes y examinó sus actividades, aunque la información disponible todavía no permite establecer con precisión cuándo comenzó su presunta participación en el narcotráfico ni determinar si las propiedades que poseía en 2020 guardaban alguna relación con los negocios ilícitos investigados años después.
La revista canadiense había recogido su testimonio como parte de una historia sobre propietarios solidarios, sin que existiera entonces una acusación pública que permitiera identificarlo como uno de los principales operadores de una red internacional de cocaína. Años después, la documentación judicial estadounidense lo situaría en una posición de mando, junto con Ryan James Wedding, antiguo deportista olímpico canadiense acusado de haber construido una organización criminal con operaciones en varios países.
De las torres de Toronto al tráfico internacional de cocaína
Los investigadores estadounidenses sostienen que Clark, conocido con los sobrenombres de “El Dictador” (The Dictator) y “El Niño Problemático”, llegó a ocupar el segundo puesto en la estructura encabezada por Wedding, quien había representado a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, en 2002. Según la fiscalía federal de California, aquella organización llegó a manejar un negocio de narcotráfico valorado en aproximadamente mil millones de dólares, mediante el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia México, su almacenamiento en el sur de California y su posterior distribución en territorio canadiense, utilizando vehículos de carga pesada y una extensa red de operadores, intermediarios y transportistas.
Las dimensiones del negocio quedaron expuestas en febrero de 2025, cuando el Departamento de Justicia estadounidense informó que, entre marzo y agosto del año anterior, Wedding y Clark habrían conspirado para distribuir y exportar más de mil 800 kilogramos de cocaína, mientras sus colaboradores utilizaron billeteras de criptomonedas para movilizar aproximadamente 250 millones de dólares entre abril y septiembre de 2024. Los investigadores aseguraron además que, en una sola jornada, consiguieron incautar más de tres millones de dólares procedentes de una de esas billeteras digitales, una operación que permite apreciar la magnitud económica de la estructura investigada y los mecanismos financieros empleados para mover recursos fuera de los circuitos bancarios tradicionales.
La violencia formaba parte de los procedimientos atribuidos a aquella organización, cuyos dirigentes habrían ordenado asesinatos para cobrar deudas, castigar la pérdida de cargamentos y eliminar a personas consideradas obstáculos para sus operaciones. Una acusación presentada en California señala que Wedding y Clark habrían ordenado el asesinato de dos integrantes de una familia en Ontario, Canadá, el 20 de noviembre de 2023, como represalia por el supuesto robo de un envío de droga que había pasado por el sur de California. Los pistoleros atacaron por error a una familia ajena al conflicto, convencidos de que sus integrantes eran familiares del hombre al que responsabilizaban del robo. Dos personas murieron y una tercera sobrevivió al ataque con lesiones graves, mientras que los expedientes también atribuyen a ambos la orden de otro homicidio cometido el 18 de mayo de 2024 y relacionan a Clark con un asesinato adicional ocurrido en Ontario el primero de abril de ese mismo año.
Estos antecedentes explican por qué la captura del canadiense adquirió importancia para las autoridades de Estados Unidos, que desde meses atrás seguían los movimientos de los integrantes de la organización. Su detención finalmente se produjo el 8 de octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, donde, según la reconstrucción publicada por el periódico colombiano El Colombiano, Clark fue localizado en el centro comercial Plaza Andares, uno de los espacios más concurridos y exclusivos de la zona metropolitana de Guadalajara. El operativo permitió poner bajo custodia mexicana a un hombre buscado por delitos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio, aunque su aprehensión, lejos de cerrar el caso, abrió un procedimiento judicial que terminaría por involucrar a un magistrado federal.
Un expediente que llegó a manos del juez mexicano
El 9 de octubre de 2024, un día después de su captura, Clark compareció ante la justicia federal mexicana y quedó sujeto a detención mientras se resolvía su eventual extradición a Estados Unidos. Posteriormente fue presentado ante Luis Benítez Alcántara, juez de distrito en la Ciudad de México y responsable de conocer el procedimiento, ante quien se leyeron en inglés y español los cargos y los hechos descritos en la acusación estadounidense. Este detalle consta expresamente en el expediente presentado por un gran jurado federal de California y resulta relevante porque acredita que el juzgador conocía la gravedad de las imputaciones formuladas contra el canadiense antes de adoptar las resoluciones que posteriormente motivarían su propia investigación penal.
El gobierno estadounidense formalizó su solicitud de extradición el 27 de noviembre de 2024, cuando Clark ya llevaba varias semanas detenido y los investigadores habían identificado su presunta participación en la estructura criminal. Sin embargo, de acuerdo con la acusación presentada contra Benítez Alcántara, desde ese mismo mes comenzó a desarrollarse una operación destinada a conseguir que el canadiense recuperara su libertad mediante pagos a diversos intermediarios, negociaciones que se prolongaron hasta febrero de 2025 y que, según los fiscales, terminaron por comprometer directamente al juez encargado de decidir sobre su situación jurídica.
La acusación federal sostiene que Clark movilizó aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante transferencias fraccionadas a intermediarios, mientras se negociaba el presunto pago de dos millones de dólares en efectivo a Benítez Alcántara para que ordenara su liberación. Los documentos judiciales publicados contienen nombres y pasajes censurados, por lo que todavía no es posible reconstruir íntegramente la identidad de todos los participantes ni establecer el destino final de cada cantidad transferida.
Esta distinción es fundamental para comprender el expediente, pues los 2.75 millones corresponden al dinero que habría circulado para gestionar la liberación, mientras que los dos millones identifican el soborno específico atribuido al magistrado. La documentación difundida tampoco permite determinar si ambos montos deben considerarse operaciones enteramente independientes, razón por la cual sería incorrecto sumarlos como si se tratara de pagos adicionales plenamente acreditados.
El testigo asesinado en Medellín
Mientras Clark permanecía bajo custodia en México, la organización criminal enfrentaba otro problema que amenazaba sus operaciones internacionales. Jonathan Christopher Acevedo García, un comerciante colombo-canadiense de 42 años que había mantenido vínculos con integrantes de aquella estructura, estaba colaborando con las autoridades estadounidenses y aportando información sobre las actividades de la red. Su participación como testigo se convirtió en una amenaza para los acusados y, según una investigación publicada el 13 de noviembre de 2025 por el periodista Santiago Olivares Tobón en El Colombiano, las autoridades reconstruyeron una operación para localizarlo y asesinarlo en Medellín, donde se había establecido después de abandonar Canadá.
El 31 de enero de 2025, alrededor de las dos y media de la tarde, un sicario ingresó al restaurante “Mi Arepa”, situado en el Mall del Indio, en el sector de El Poblado, Medellín, y disparó contra Acevedo García, quien murió en el lugar mientras el atacante escapaba. La investigación de El Colombiano, a partir de información judicial y reportes de medios canadienses, permitió reconstruir la trayectoria del comerciante, sus anteriores actividades ilícitas y su relación con la organización de Wedding, pero posteriormente surgió un dato todavía más comprometedor para Clark, contenido en una acusación federal estadounidense que describe los preparativos del homicidio.
Según ese documento, en enero de 2025 Clark contrató a Ahmad Nabil Zitoun para localizar al testigo a cambio de unos diez mil dólares canadienses, más gastos, y posteriormente le habría ofrecido participar directamente en su asesinato, propuesta que Zitoun rechazó. La fiscalía estadounidense sostiene asimismo que Wedding proporcionó a Clark material de vigilancia sobre la víctima dos días antes del crimen, mediante una aplicación de mensajería cifrada, y que distintos integrantes de la organización siguieron los movimientos de Acevedo García hasta ejecutar el ataque en el restaurante.
El expediente estadounidense se refiere al asesinado como “Víctima A”, mientras que la investigación de El Colombiano lo identifica como Jonathan Christopher Acevedo García. La acusación describe actuaciones atribuidas a Clark dentro de los preparativos del crimen, sin que ello constituya todavía una sentencia sobre su responsabilidad individual.
La documentación judicial añade que, después del asesinato, Wedding comunicó a Clark la muerte del testigo y le envió una fotografía del cadáver. También describe una transferencia de aproximadamente 500 mil unidades de la criptomoneda USDT destinada a integrantes de la conspiración en Colombia, así como solicitudes de pago posteriores por la participación en el homicidio. Uno de los acusados, Atna Ohna, habría recibido alrededor de 150 mil dólares canadienses y 30 kilogramos de cocaína como parte de su recompensa, según la reconstrucción del gran jurado. Estos datos amplían la dimensión del caso y muestran el grado de organización que la fiscalía atribuye a los responsables de perseguir y eliminar a quienes colaboraban con las autoridades estadounidenses.
La relevancia de este episodio aumenta al considerar que Clark continuaba detenido en México cuando se desarrollaron aquellas maniobras, circunstancia que plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación utilizados por la organización y las facilidades que sus dirigentes podían conservar incluso privados de su libertad. El asesinato del testigo colombiano, ocurrido apenas veinticuatro días antes de la controvertida resolución judicial de Benítez Alcántara, introduce además una conexión particularmente grave entre los dos acontecimientos, aunque los expedientes conocidos no demuestran que el homicidio y el presunto soborno al juez hayan formado parte de una misma operación coordinada.
Dos millones de dólares por una resolución judicial
El 24 de febrero de 2025, después de varios meses de gestiones y transferencias, el juez Luis Benítez Alcántara concedió a Andrew Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación. Según el Departamento de Justicia estadounidense, la resolución fue dictada precisamente el día en que el magistrado recibió la totalidad de los dos millones de dólares pactados, coincidencia temporal que constituye uno de los elementos centrales de la acusación penal. Para los investigadores, el dinero habría permitido conseguir mediante una decisión judicial lo que la organización no había obtenido por las vías ordinarias, aunque la libertad del canadiense resultó breve y el propósito de impedir su procesamiento en Estados Unidos finalmente fracasó.
Clark fue detenido nuevamente y trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025, como parte de un grupo de 29 personas requeridas por la justicia de ese país, entre las que figuraban varios de los narcotraficantes más conocidos de México. Conviene precisar que aquel traslado colectivo fue presentado por las autoridades mexicanas como una medida de seguridad nacional y no como la conclusión ordinaria de procedimientos individuales de extradición, distinción que explicó entonces el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Un día después, el Departamento de Justicia confirmó oficialmente la llegada de Clark a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio.
La operación permitió que el canadiense quedara finalmente bajo jurisdicción estadounidense, pero dejó abierta una investigación sobre los mecanismos que habían hecho posible su liberación temporal en México. Los fiscales comenzaron a reconstruir los movimientos financieros, las comunicaciones de los intermediarios y las resoluciones dictadas por el magistrado, hasta reunir los elementos que condujeron a la acusación formal presentada el 4 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, un documento que identifica a Benítez Alcántara con el sobrenombre de The Judge (“El Juez”) y le atribuye haber utilizado las facultades de su cargo para favorecer al canadiense.
La acusación contiene nueve cargos por encubrimiento posterior a delitos federales, bajo la figura jurídica estadounidense de accessory after the fact (encubrimiento posterior al delito), prevista en el artículo 3 del título 18 del Código de Estados Unidos, aplicable a quienes, con conocimiento de la comisión de un delito federal, ayudan a sus responsables para impedir o dificultar su captura, procesamiento o castigo.
Aunque los hechos descritos incluyen el presunto soborno de dos millones de dólares, es importante distinguir entre esa conducta, que constituye la base fáctica de la investigación, y los cargos penales formulados expresamente contra el juez, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por un tribunal estadounidense. De ser declarado culpable de los nueve cargos, Benítez Alcántara podría enfrentar penas de hasta quince años de prisión por cada uno, lo que representa un máximo teórico acumulado de 135 años si el tribunal ordenara su cumplimiento consecutivo, sin que esto signifique que semejante condena resulte automática o previsible.
El juez que terminó detenido en Colombia
La investigación condujo finalmente a Colombia, donde Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el pasado domingo primero de noviembre de 2026, mediante una operación en la que participaron autoridades de ese país y organismos estadounidenses, aunque su captura fue dada a conocer públicamente cuatro días después, el jueves 5, mediante un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dependencia anunció que solicitaría su extradición para procesarlo en California y precisó que la investigación había estado a cargo de una fuerza de tarea federal integrada, entre otras dependencias, por el FBI y la Policía de Los Ángeles, con la colaboración de la Real Policía Montada de Canadá y de organismos colombianos de investigación criminal e Interpol.
La intervención de Colombia cerró provisionalmente un recorrido que había comenzado con las actividades de un pequeño propietario inmobiliario en Toronto, continuado con el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y alcanzado a México mediante una organización que, según la fiscalía estadounidense, utilizaba el territorio nacional como centro de operaciones y enlace logístico. La detención del juez añadió una dimensión institucional al caso, pues colocó bajo investigación penal a un funcionario encargado de administrar justicia y resolver una solicitud de extradición presentada por otro gobierno, precisamente en un procedimiento que exigía preservar la legalidad y la independencia de las decisiones judiciales.
El fiscal general estadounidense Todd Blanche sostuvo que los funcionarios públicos que ayuden a narcotraficantes serán perseguidos judicialmente sin importar el país donde se encuentren, mientras el director del FBI, Kash Patel, señaló que la detención de Benítez Alcántara formaba parte de una investigación más amplia sobre la organización que había encabezado Wedding. Las declaraciones reflejan la importancia atribuida por Washington a una estructura criminal cuyas actividades habrían alcanzado dimensiones multimillonarias y en la que participaron personas de diversas nacionalidades, aunque corresponde a los tribunales establecer las responsabilidades individuales y verificar la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas por los fiscales.
Wedding, detenido en México en enero de 2026 y trasladado posteriormente a Estados Unidos, permanece bajo custodia federal y tiene programados dos juicios para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027, mientras que Clark continúa sujeto a un proceso penal por los delitos que le atribuyen las autoridades estadounidenses. En cuanto a Benítez Alcántara, su captura en Colombia constituye apenas el comienzo de otro procedimiento, condicionado por la solicitud de extradición y las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes, pues hasta ahora la acusación estadounidense no equivale a una sentencia condenatoria ni permite afirmar que las responsabilidades atribuidas al magistrado hayan quedado definitivamente acreditadas.
Quedan por esclarecer aspectos fundamentales de aquella operación, particularmente la identidad y participación de los intermediarios que recibieron los 2.75 millones de dólares, el destino de las cantidades que no aparecen identificadas como parte del soborno directo al juez y la eventual intervención de otros funcionarios o particulares en las gestiones para liberar a Clark. También deberá establecerse qué controles institucionales fallaron durante el procedimiento de extradición y por qué una resolución de semejante trascendencia pudo favorecer, aunque fuera temporalmente, a un acusado de dirigir una estructura criminal internacional.
El 24 de febrero de 2025 quedó registrada una coincidencia que constituye uno de los elementos más comprometedores del expediente. Según la fiscalía estadounidense, el juez Luis Benítez Alcántara recibió dos millones de dólares y ese mismo día dictó una resolución que permitía a Andrew Clark recuperar su libertad bajo fianza, mientras Estados Unidos lo reclamaba por delitos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. La correspondencia entre el presunto pago y la decisión judicial es uno de los señalamientos centrales que la fiscalía estadounidense deberá demostrar durante el proceso penal.
Corresponderá a un tribunal de Estados Unidos establecer si el dinero determinó aquella resolución, pues Benítez Alcántara, pese a encontrarse hoy detenido en Colombia, conserva la presunción de inocencia. Entretanto, la investigación ha reconstruido una presunta negociación que se prolongó durante meses, movilizó 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y buscó obtener la libertad de uno de los principales acusados de integrar una organización internacional de narcotráfico. Queda por esclarecer quiénes facilitaron aquellas gestiones y cómo pudieron desarrollarse alrededor de un procedimiento judicial cuya independencia debía estar garantizada por las propias instituciones mexicanas.
Durante años, las autoridades de varios países habían perseguido a una organización que trasladaba toneladas de cocaína a través de sus fronteras y recurría al asesinato para proteger sus operaciones. Si las acusaciones llegan a demostrarse, uno de sus actos más audaces habrá ocurrido lejos de las rutas tradicionales del narcotráfico, a través de una resolución dictada por el propio juez federal mexicano Benítez Alcántara.
En México, las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal, las denuncias de presuntas compras irregulares y nóminas infladas, las irregularidades multimillonarias descubiertas en Segalmex y los señalamientos sobre contratos millonarios y presuntos vínculos indebidos con proveedores del INE han colocado reiteradamente bajo sospecha la conducta de distintos funcionarios públicos. La sucesión de escándalos, aunque de naturaleza y gravedad diferentes, amenaza con acostumbrarnos a hechos que deberían provocar indignación y exigir investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
El caso del juez Benítez Alcántara merece atención particular porque, de confirmarse la acusación, demostraría hasta dónde puede llegar la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de impartir justicia. Si la fiscalía estadounidense consigue probar que recibió el dinero a cambio de su resolución, quedará establecido que, por dos millones de dólares, un juez mexicano estuvo dispuesto a convertir en mercancía la justicia que había jurado impartir y que tenía la obligación de preservar por encima de cualquier interés.
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