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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Convocar a la jefatura de las Fuerzas Armadas al Congreso indica la transformación del espacio político por el peso del factor militar. Los nuevos roles que cede el poder civil no sólo mantienen su presencia en la calle en seguridad, sino que obligan a rendir cuentas de sus nuevas competencias, como a cualquier autoridad política. La militarización los coloca en posición central del debate político, aunque con un poder tal que pueden evadirse detrás de sus medallas y galones.

Sin aún concluir la ratificación de la reforma militar en los congresos estatales, su nuevo lugar en el escenario político visibiliza inevitablemente su actuación pública por el “despacho de asuntos que se les encomiendan”, como ocurre por ejemplo con los secretarios de Estado. Salvo que haya emergido un nuevo orden en que los encargados de la seguridad y derechos ciudadanos estén fuera de la órbita de control de la soberanía popular. Si el Congreso no tuviera facultades para pedirles cuentas asistiremos a choques legales permanentes entre poderes. Los riesgos del creciente desequilibrio entre el poder civil y militar son claros y evidentes desde la apuesta por ellos con el gobierno de Calderón hace 16 años. Ahí están las denuncias de violaciones a derechos humanos en la “guerra contra las drogas” y ahora un sinfín de escándalos que revela el hackeo masivo de correos a Sedena. Incluso, la aparente desobediencia a la orden de López Obrador de compartir información en la investigación de Ayotzinapa y su involucramiento activo en el caso. La confianza al Ejército en las encuestas que se celebra el Presidente no puede servir de patente de corso a un poder sin límites ni controles en el manejo de múltiples tareas públicas, como aduanas u obras de infraestructura. Su transformación pública no es tersa, ni fácil, como refleja su negativa esta semana a acudir al Congreso a explicar el masivo hackeo a Sedena. Tampoco encontrar su lugar en la discusión pública porque el Presidente partidiza su posición al usarlos como arietes de la crítica contra sus adversarios políticos por el rechazo a la militarización cuando ayer la sostenían como la única opción contra el crimen. La carta de un diputado de MC al general Luis Cresencio Sandoval por su desacuerdo con el formato de un encuentro pactado en sus oficinas de la Defensa y no en el Congreso, es una expresión del cambio en el escenario y de la reconfiguración de esta relación. Querían un encuentro cerrado lejos del escrutinio, como acostumbraban antes de su metamorfosis.

Pero la legalización de sus responsabilidades en seguridad pública y otras actividades civiles no sólo implica una cobertura legal para ejercerlas, sino también obligaciones como las autoridades civiles de responder a las interpelaciones y preguntas del Congreso como establece el artículo 93 constitucional o el reglamento de San Lázaro. No lo reconocen y en su respuesta se sitúan por encima de los legisladores, e incluso con la justificación del responsable de la política interior, Adán Augusto López Hernández, quien salió a calificar la misiva de “irrespetuosa”. La reunión fue cancelada, a pesar de que la vulnerabilidad en ciberseguridad de Sedena es un tema que compete a la Comisión de Defensa del Congreso. El desencuentro muestra la difícil adaptación del nuevo balance de poder entre civiles y militares, que antes sólo respondían al Presidente como su comandante en jefe. Pero el nuevo protagonismo por su alta injerencia en los asuntos públicos ya no permite el ostracismo y la opacidad de antes, y mucho menos mantenerse lejos del ojo público o del Congreso.

Su involucramiento en el combate al crimen, ahora legalizado, como exigieron a los gobiernos del pasado, los sitúa ahora en el terreno de las obligaciones de los gobiernos civiles. Por dos razones, una porque rendir cuentas en el Congreso fue una condición para la aprobación de la reforma militar. Y segundo, esa obligación es necesaria dado que el narcotráfico se caracteriza por un altísimo poder corruptor y ninguna política de seguridad ha logrado erradicarlo. La metamorfosis del Ejército ha redundado en su empoderamiento, a pesar de que su preponderancia tampoco ha supuesto mayor éxito contra el crimen. Es imperativo que su avance se sujete a controles civiles. Los riesgos son evidentes si, en efecto, el Congreso careciera de facultades para ello, como advirtió Gobernación, y en ese caso habría que generar un marco legal para obligarlos.