• Le exige aclarar al gobierno por qué cancela recursos del programa, si ha reconocido que mejoró la calidad educativa.
• Le demanda precisar cuáles han sido los resultados de las presuntas irregularidades detectadas, como en Veracruz.
La diputada perredista, Azucena Rodríguez Zamora exigió al Gobierno Federal presentar un informe pormenorizado sobre el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) a fin de que la Cámara de Diputados decida si procede o no su propuesta de cancelarle financiamiento en 2021, según pretende en su iniciativa de Presupuesto de Egresos.
Demandó tomar como base y guía para dicho informe las Reglas de Operación del PETC para el ejercicio fiscal 2020 que publicó el 29 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y en cuya “Introducción” el autollamado gobierno de la “Cuarta Transformación” lo avala y adopta.
Este documento -señaló la parlamentaria perredista- prevé presentación de compromisos, metas, lineamientos, matriz de resultados, reportes de avances, seguimientos, supervisión, y contralorías sociales y gubernamentales con participación de instituciones como la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Más específicamente -agregó la legisladora federal-, esas Reglas de Operación prevén que el gobierno de cada entidad federativa informe cada trimestre de sus avances sobre la aplicación de los recursos, acciones y población atendida, para que a su vez el Gobierno Federal haga lo propio a nivel general.
Además, establece que instancias fiscalizadoras, como la SFP, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus homólogas estatales informen de sus revisiones, “dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación”, todo lo cual debe hacerse con total transparencia y difusión hacia la opinión pública.
Con base en lo anterior, Rodríguez Zamora demandó al Gobierno Federal informar objetivamente cuáles son los resultados del PTEC, así como de sus evaluaciones y revisiones al gasto, pues es público que, en efecto, las instancias fiscalizadoras han reportado desvíos y requerido el resarcimiento de daños, pero poco se sabe de lo obtenido, así como del fincamiento de responsabilidades.
Es el caso de Veracruz, a cuyo ex Tesorero Arnulfo Octavio García Fragoso se ha requerido para aclarar el destino de 260 millones 482 mil pesos del PETC tan sólo de 2014, según edicto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado el 25 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Señaló que, así como en esa entidad, hay otras a las cuales la ASF ha detectado irregularidades, sin que al momento se sepa, por ejemplo, cuánto se ha recuperado y cuáles han sido las sanciones para los responsables.
La legisladora federal por Veracruz destacó la importancia de que el Gobierno Federal informe de todo ello, pues en las mencionadas Reglas de Operación admite que el PTEC permite fortalecer la educación básica conforme a los fines y criterios previstos en el artículo 3o. Constitucional, las recientes reformas al mismo y la nueva Ley General de Educación.
En tal sentido, el Gobierno lo considera en sus Reglas de Operación un medio para aprovechar el tiempo disponible y mejorar el desempeño académico y desarrollo integral de los educandos.
Promete que, para mejores resultados, el apoyo para la alimentación previsto en el PETC se focalizará en estudiantes con alto índice de pobreza y marginación.
El Gobierno enfatiza que, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a la Política Social de Bienestar, se diseñó y aplicará con honradez, honestidad, austeridad y combate a la corrupción.
Lo vincula al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de «poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible», «Educación de Calidad» y “reducción de la desigualdad en y entre los países».
El mismo Gobierno niega que se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, y afirma que cumple las disposiciones aplicables.
En tal sentido, Rodríguez Zamora reiteró que la cancelación de recursos al PTEC exhibe la inconsecuencia del mismo Gobierno, pero lo peor es que atenta contra los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud.
“Antes de que la reforma educativa termine como una farsa en agravio de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país debido a la cancelación de presupuesto a programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno Federal debe rendir cuentas sobre su operación y financiamiento”, insistió.