Número cero / EXCELSIOR
El Poder Judicial acusa recibir golpe tras golpe de Palacio Nacional, pero de los más fuertes para la imagen de la Corte vienen de dentro y le llevará años limpiarlos. La renuncia anticipada del ministro Arturo Zaldívar para echarse a los brazos de Claudia Sheinbaum abona a las críticas de López Obrador sobre la politización de la justicia y el reclamo de una reforma profunda a un poder que descalifica como “podrido”.
El Senado aprobó la salida del expresidente de la Corte (2019 y 2022), 14 meses antes de concluir el encargo, con su mera justificación: “Mi ciclo ha terminado”, dijo Zaldívar al renunciar, a pesar de que la Constitución pide motivarse en una “causa grave”. El respaldo de Morena y aliados permite al Presidente dejar a un ministro de su círculo cercano los próximos 15 años, cuando la decisión correspondería a su sucesor. Ahí la explicación de la obsequiosa renuncia, la segunda en este sexenio tras la de Medina Mora por acusaciones de corrupción. Además de que preferiría no desgastarse en fallos graves que desahogará la Corte, como la Guardia Nacional y la militarización.
El varapalo al Poder Judicial es fuerte y tardará en resarcir credibilidad y confianza en su independencia, a pesar de sus esfuerzos de renovación; el último del propio Zaldívar, pero truncado por el afán de extender su mandato. Todo lo contrario a su urgencia ahora de irse, aun sin aprobación del Senado ya difundía imágenes con Sheinbaum sumándose a su campaña y, en el terreno político, descalificaba a Xóchitl Gálvez. Si alguien comprueba la crítica presidencial sobre la politización de la Corte es Zaldívar, que hoy representa la derrota de la justicia por la política, cuando antes destacaba por la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial.
La sospecha de que el choque inédito del Ejecutivo con la Corte es porque se propone controlar la justicia para marchar sin interferencias en las decisiones del poder político, como en las obras emblemáticas y reformas clave del sexenio, parece contar con aliados dentro del Judicial. En efecto, el abandono sin motivación clara y transparente es una confesión de parte de la relación de la política y la justicia. Su servicio al Presidente le permitirá llevar a la campaña su exigencia de una reforma que lo democratice y proyectar la elección por mandato popular de los ministros el siguiente sexenio, con peligro de hacer de éste otro cargo político. De imponerse Sheinbaum en las urnas, le legará una pieza clave para su reforma, aunque la despoje de la decisión sobre su relevo.
¿Acaso esto beneficia a la candidata presidencial?, no al menos para la percepción sobre el respeto a su mando. Pronto se podría anunciar la entrada de Zaldívar a su círculo cercano de ideólogos y redactores del Proyecto de Nación sin cuidar las formas éticas ni buenas prácticas políticas, que no podrá sino incomodar internamente. A ello hay que agregar la salpicadura a su campaña del escándalo que destapó el NYT sobre el espionaje político de la fiscal Ernestina Godoy durante su gobierno en la capital.
Los temores a la judicialización de la política y a la politización de la justicia planean como nunca este sexenio, pero ahora abren flancos a la candidatura de Sheinbaum. Esos riesgos no se cumplen si el Poder Judicial controla jurídicamente a los políticos, no a la inversa. Por eso difícilmente cualquier democracia puede aceptar que un magistrado de la Corte o un juzgador constitucional salte a una campaña presidencial, aunque tampoco en ninguna parte se llega al cargo sin intermediación del poder político.
Pero el punto es que, si la discusión de la reforma está abierta, cuál es la necesidad de absorber en su campaña los golpes a la justicia, salvo arropar a Zaldívar y pagar el favor que hizo al Presidente. De ningún lado se ven beneficios para ella ni para ninguna institución y, por el contrario, el debilitamiento de la justicia reclamará la atención del exterior, comenzando por las preocupaciones expresadas por los socios del T-MEC (EU y Canadá) sobre el Estado de derecho en el país.
Porque, en el fondo, lo que evidencia la renuncia de Zaldívar, y antes la de Media Mora, son las raíces autoritarias de las instituciones de justicia, a pesar del discurso sobre los tribunales como espacio fundamental de resistencia política y el equilibrio de poderes.