NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El manejo de la “crisis Rocha” ha escapado de las manos del gobierno con la entrega de acusados “clave” a la justicia estadunidense. La pérdida del control de la narrativa acerca de las imputaciones sobre la integración de la política y el crimen en Sinaloa pasó de ser un problema político-criminal para convertirse en un golpe a la legitimidad de su partido.
El relato criminal ahora lo contarán los primeros dos testigos de la decena de inculpados de nexos con el narco del gobierno de Rocha Moya, sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, como ha sucedido con las confesiones de decenas de capos extraditados. Pero, en su caso, además, su entrega voluntaria debilita la línea argumentativa del gobierno que decidió dejarlos libres hasta recibir pruebas de los cargos de EU sin activar mecanismos de investigación locales. Como señala la pensadora italiana Adriana Cavarero, la narración muestra que las historias que contamos moldean la memoria y la identidad colectiva. Por errores de cálculo del gobierno, ese control pasó otra vez de la justicia mexicana a la estadunidense. Sheinbaum se negó a extraditarlos hasta que Estados Unidos probara sus señalamientos, con el argumento de que, de otro modo, se trataría de una operación de golpeteo político para crear narrativas que habiliten acciones desestabilizadoras.
¿Qué hará con Rocha Moya? la credibilidad de su discurso tiene en contra la existencia de denuncias desoídas por la Justicia mexicana sobre la intervención del crimen para ganar la gubernatura en 2021; además de señalamientos sobre su responsabilidad en el secuestro del Mayo Zambada, que desató una guerra intestina entre fracciones del Cártel de Sinaloa. Ni él ni ningún inculpado ha sido requerido por la FGR, que sigue la línea de la inacción a riesgo de parecer protegerlos. Tampoco el Congreso calibró la necesidad de desaforar a otro acusado, el senador Inzunza, para investigarlo o, al menos, mientras se niegue a aparecer. Sheinbaum erró en su estimación al construir un relato político que, inevitablemente, se lee como defensa de un gobierno indefendible y corrupto de Rocha Moya, que desde hace tiempo es un lastre para Morena y su administración. El cálculo de negar riesgos por no favorecer la narrativa de Trump de México como un país gobernado por los cárteles deriva en su falla principal: querer contar una historia política sin atender el nudo criminal. Además, con la premisa equivocada de controlar las estrategias de inculpados que ofrecerán versiones y pruebas para negociar rebajar penas con la justicia estadunidense.
En esta crisis, ninguna historia será creíble si deja fuera del guion la justicia. Es el hilo conductor para acotarlo a un asunto criminal y fortalecer las instituciones sobre una endeble cantaleta soberanista. Y la mejor trama política para limpiar la imagen de corrupción de Morena con la coartada de la presión de que EU lo haga si su gobierno no actúa; como hizo contra el huachicol en colaboración con EU, a pesar de temores por reacciones de mafias internas de otro estado en Tabasco. ¿Por qué refugiarse en el discurso soberanista como López Obrador con Cienfuegos? Los suspicaces dirán que endureció la confrontación con Estados Unidos por la línea de Palenque, aunque, en los hechos, no se observan señales de replantear la colaboración como su antecesor con el amago de expulsar a la DEA de México.
Sheinbaum afirma que no le preocupa la llegada de Mérida y Díaz Vega a la justicia estadunidense, aunque vuelve a poner en sus manos confesiones y testimonios que sustentan acusaciones contra políticos mexicanos a partir de declaraciones de decenas de capos extraditados. Esto muestra la distancia entre el relato político y la cooperación en seguridad, aunque nadie podría negar el riesgo que implica a la legitimidad de Morena. El dilema, por tanto, existe: falta saber cuál decidirá asumir la Presidenta hacia las elecciones de 2027, en las que su partido se juega el futuro.
La nueva dirección de Morena, bajo la égida de Sheinbaum, ha reaccionado con rapidez al anunciar iniciativas anticorrupción para depurar sus filas, establecer filtros en las candidaturas y frenar perfiles indeseables que dañan su imagen. La pregunta es si puede mantener esa ruta sin recurrir a la justicia, aun cuando el mal manejo de la crisis de Rocha Moya eche por tierra la credibilidad de su voluntad de combatir la corrupción. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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